“Me hizo un guiño a la derecha… después veremos si dobla a la izquierda”, dijo el presidente de Coninagro, de la Mesa de Enlace, tras su diálogo con el presidente Alberto Fernández. Pues bien, puso el guiño y dobló efectivamente a la derecha como conductor disciplinado… al capital agrario.

La noticia que ganó la plana fue la resolución del ignoto juez local de Avellaneda-Reconquista, Fabián Lorenzini, relegando a los interventores del presidente al papel de veedores y confirmando en el directorio a toda la familia Vicentin-Padoán-Nardelli, los autores intelectuales y materiales de la bancarrota de la empresa en default.

Como es clásico en tantas localidades del interior argentino, tanto bonaerense como del resto de las provincias, un grupo del porte de Vicentin pone el intendente, el juez, el jefe de policía y normalmente hasta los directivos del club de fútbol si lo hay. ¿Alguien puede concebir que un juez de Avellaneda, provincia de Santa Fe, pueda frenar al presidente que sacó hace seis meses el 48% de los votos y al que las encuestas lo dan por encima de esa aprobación pública?

En realidad, la resolución del juez se ha dado en simultáneo con la aceptación de Alberto Fernández del llamado “plan Perotti”, en referencia al gobernador de Santa Fe, cuya letra chica aún se desconoce. Por lo tanto, la resolución judicial es una coartada institucional para un retroceso en chancletas del presidente de los superpoderes. No obstante, la crisis está lejos de cerrarse, porque Perotti ha declarado en las últimas horas que solicitará al juez que, en la transición de la salida definitiva, se reponga el manejo de la empresa a una intervención del Estado. No sabemos si el juez cederá o va todo a un borroso proceso de apelaciones a la justicia. Los nacionales y populares han mostrado coraje para expropiar la movilidad a los jubilados, pero no a Vicentin.

Se trata de un episodio que vuelve a reproducir en pocas semanas y hasta días, lo ocurrido con el globo de Fernanda Vallejos por el cual el Estado capitalizaría la asistencia brindada a las empresas en la cuarentena y el meneado impuesto a la riqueza que nunca vio la luz desde hace más de un mes. La expropiación de Vicentin se ha transformado en el tercer blooper nacional y popular que tal vez nunca vea la luz. De todas estas bravatas puede que un día llegue el proyecto de un impuesto a los ricos light que no llegaría ni a los talones siquiera a la evasión impositiva de los meses de cuarentena y que se devorará un vencimiento de deuda cualquiera.

Lo que sí sabemos de este operativo retroceso es que se daría a luz una especie de experimento de empresa mixta en el marco de la convocatoria de acreedores que reconocería las deudas en su totalidad, donde se menciona todo el tiempo a los productores agrarios, pero los bancos privados del exterior tienen la friolera de u$s500 millones, además del Nación y el resto de los bancos estatales y a la AFIP. Se respetaría el paquete de los 109 accionistas, todos de la familia Vicentin, y entrarían como socios el Estado nacional y el provincial con algún tipo de participación de ciertas cooperativas agrarias como ACA con 100 millones de pesos de esa enorme y múltiple deuda del grupo.

También sabemos que estuvieron fuera de la intervención vastos activos del grupo bajo otras denominaciones societarias y sociedades como la de Renova con el pulpo minero contaminante Glencore, uno de los mayores del mundo. También quedó afuera la bodega Family Group Wine y la Algodonera de Avellaneda, que produce la marca Estrella, que está funcionando a pleno y que es cabeza de cinco plantas en distintos países del mundo.

El capital agrario y sectores asociados que hacen un acto y movilizaciones hoy, 20 de junio, en el cruce de las rutas 11 y 36 en las cercanías de Reconquista y 68 localidades de todo el país, marca la cancha y comienza a festejar lo que sería una “126”, tras aquella histórica derrota nacional y popular en 2008. Varios capítulos más se conocerán de esta historia, pero al igual que en aquella oportunidad, la derrota maduró desde adentro de la coalición de gobierno. Los “Cobos” actuales son varios. Primero Perotti que despegó y empezó a conspirar contra lo anunciado; luego siguió el silencio hostil de Sergio Massa, cuyos antiguos aliados como Roberto Lavagna salieron rápidamente en contra; siguió el despegue de Graciela Caamaño y Cía; siguió la CGT, que apoyó pero sin mencionar la palabra expropiación; y remataron los cuatro diputados cordobeses del gobernador Juan Schiaretti que se reunieron con la Sociedad Rural de esa provincia para torpedear la iniciativa, lo cual puso a ésta al borde de una nueva 125, pero esta vez en Diputados.

Importa señalar algo central. El proyecto oficial que no vio la luz, nunca fue una nacionalización, ni siquiera dentro de los límites clásicos de las nacionalizaciones onerosas del capitalismo de Estado. Como lo señalamos a una hora del anuncio, fue una intervención del Estado para “rescatar” a un grupo y sus acreedores, mediante un fideicomiso a cargo de YPF Agro de incierto derrotero. Nosotros titulamos de entrada “¿Otra YPF?”. Y, efectivamente, podríamos estar ante un operativo para asociar al Estado nacional y al provincial a la quiebra, mediante una sociedad anónima de bolsa, brindando garantías a los bancos y acreedores que hoy no puede dar el grupo en default. 

En cualquier caso, mucha agua pasará debajo del puente porque se trata de un quebrado al rescate de otro. Es probable que la operación, todavía algebraica, aborte. Pero, ¿y los trabajadores? Justamente, tanto la Federación Aceitera como la CTA, con el bien regado director del Banco Nación, Claudio Lozano se lanzaron a apoyar el accionar del gobierno y han quedado desairados, lo mismo que sectores de izquierda que dijeron “bien, pero insuficiente”.

De los trabajadores, su continuidad laboral, sus salarios y sus convenios, ni palabra de parte de los dos grandes bandos en pugna. De “soberanía alimentaria” ya nadie habla cuando el presidente no ha podido instalar un triste interventor, devenido en veedor, que a su vez es un operador del capital agrario desde toda la vida. La operación Fernández Sagasti, la senadora cristinista, murió en los diez minutos del anuncio. El fideicomiso de una empresa en quiebra jamás habría servido para soberanía alimentaria alguna, ni para empresa testigo, ni para control de exportaciones y precios de los granos, ni para sortear la falta de dólares de la economía argentina. Pero ya no queda ni el relato.

La voz de la clase obrera la están brindando los obreros textiles de Algodonera Avellaneda en una de las luchas obreras, políticamente, más heroicas de la etapa, contra la andanada de dos bloques de la burguesía que operan y se entrecruzan, con todos los medios del país de un lado y de otro, y la Justicia actuando entrelazada con ellos. Con el intendente de Reconquista, Amadeo Vallejos, a la cabeza de la movilización de “vecinos” embanderados de celeste y blanco, para marcar la presencia de la patria sojera y cerealera.

Traicionados por la burocracia de la Asociación Obrera Textil y el Setia (empleados textiles), los obreros de la Algodonera Avellaneda, de 400 trabajadores, han mantenido una huelga general con piquete y movilizaciones para garantizarla, reclamando por aumento de sus salarios de $23.000, casi la mitad de la línea de pobreza, en esta gran industria que además jamás dejó de producir porque se quedó con gran parte del mercado.

Desde el Partido Obrero asociamos nuestro planteo de estatización sin indemnización y bajo gestión de los trabajadores, expropiando sin pago los activos de todo el grupo y todas sus empresas propias y subsidiarias, a esta gran lucha de los obreros textiles que muestra que solo apoyada en la clase obrera hay una salida para los trabajadores de Vicentin y del país.