En los últimos días comenzó un debate acerca de la llamada “soberanía alimentaria”. Según Alberto Fernández y sectores del kirchnerismo, la intervención y la eventual expropiación de Vicentin servirían para alcanzar ese objetivo. Del lado de la oposición de derecha, que suele encarnar de modo directo los intereses del capital agrario, la invocación a la soberanía alimentaria carece de sentido. Argumentan que Argentina ya la habría logrado y con creces. La prueba que ofrecen es que la producción de alimentos generada por el país es casi 10 veces superior a su cantidad de habitantes.

La afirmación de los Macri, Carrió y cía. pasa por alto un punto fundamental: la soberanía alimentaria del pueblo no ha sido lograda, como lo prueba el crecimiento enorme tanto de la pobreza como de la indigencia. El expresidente debiera saberlo por experiencia propia. La última encuesta de la UCA sobre la pobreza muestra que en el último trimestre del 2019 (cuando aún gobernaba Macri) el 60% de las pibas y pibes del país es pobre. Junto con la pobreza creció también la indigencia, es decir, el número de personas que no logra reunir lo necesario para su alimentación básica.

Dentro de las razones que explican esta realidad incontrastable está la caída de los salarios en relación a la inflación, algo que se viene repitiendo de modo sistemático en los últimos años. Pero acá hay algo que conviene precisar y hace al punto que estamos analizando: el crecimiento de los precios fue mayor en el rubro de los alimentos, que es en el que concentran sus gastos los trabajadores formales y sobre todo los informales. Para estos la inflación fue mayor al promedio informado por el Indec. Ocurre algo similar con los jubilados, sobre quienes pesan también con especial fuerza el precio de los medicamentos.

Este aumento mayor del precio de los alimentos se explica básicamente por dos motivos. El primero es que se trata de productos “inelásticos”, es decir, que aunque aumenten la población debe comprarlos igual porque son esenciales para su vida. Por definición los productos inelásticos pueden subir sus precios con más facilidad antes que empiece a caer su demanda. El otro motivo tiene que ver con que los alimentos, sean elaborados o su materia prima, se exportan al mercado mundial a precio de dólar. Es lo que ocurre con una gran parte de la producción agropecuaria y, en menor medida, con los alimentos elaborados. De hecho, las exportaciones argentinas están basadas especialmente en estos rubros –sobre todo si se mide a la luz de la balanza comercial, porque exportan mucho e importan poco, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con la industria automotriz e incluso la minería, que en el último año importó más que lo que exportó.

Sintetizando, se podría decir que Argentina tiene alimentos en dólares mientras los salarios están en pesos. Ni que decir que las sucesivas devaluaciones han agravado esta contradicción flagrante. Por lo tanto, el acceso del pueblo a su soberanía alimentaria requiere romper con esta situación. ¿Cómo lo lograría un Estado obrero? Adoptaría una medida de fondo: nacionalizar el comercio exterior, como parte de un plan económico y político de los trabajadores. La función de un comercio exterior nacionalizado permitiría que el Estado adquiriera la producción agropecuaria y de alimentos, asegurando un precio interno basado en los costos de producción, y un precio externo establecido por el mercado mundial. Una medida así tendría varios beneficios: 1. abarataría los precios de los alimentos dentro del país, permitiendo combatir la pobreza y la indigencia; 2. permitiría captar para el Estado la renta agraria mediante el comercio exterior, y utilizar esos fondos para un plan de desarrollo nacional, que tendría que tener un propósito especial en la industrialización del país. Para ello un Estado obrero con seguridad privilegiaría comerciar los productos de su complejo agropecuario y alimentario con aquellos países que se comprometan a transferir tecnología al país. Lejos de un planteo autárquico o nacionalista, un Estado obrero buscaría hacerse de los avances científicos y técnicos logrados por los países capitalistas más avanzados.

Se podría conjeturar que una vía distinta para lograr la soberanía alimentaria del pueblo no sería abaratar los alimentos dentro del país, sino aumentar los salarios de toda la población para que pudieran comprarlos a precio dólar. La objeción a este planteo es muy simple: Argentina no puede pagar salarios de ese nivel, porque llevaría a la quiebra a buena parte de su aparato industrial, que no podría sobrevivir con un costo de capital variable tan elevado. Después de todo, el nivel salarial depende de la distribución de la plusvalía entre capitalistas y trabajadores, es decir, de la lucha de clases, pero jamás puede superar el total de la creación de valor en un país.

A la luz de lo expuesto surge otra pregunta: ¿la expropiación de Vicentin podría garantizar la soberanía alimentaria o al menos ser un paso importante hacia ella? Eso solo sería así si formase parte de un plan de reorganización social integral, que incluya la nacionalización del comercio exterior, de la gran propiedad agraria y de sus procesos de industrialización. Sin embargo la política del gobierno de los Fernández está muy lejos de ello, como se ha encargado de señalarlo una y otra vez el propio presidente, cuando dijo que se trata de una medida excepcional. De modo muy concreto se refirieron al ejemplo de YPF, que es una sociedad anónima que cotiza en la bolsa de Nueva York y que funciona de hecho y de derecho como una empresa privada más. De hecho YPF se ha convertido en un canal para los acuerdos con los monopolios extranjeros, en primer lugar Chevron, y presiona como cualquier otra empresa por los recurrentes tarifazos en las naftas, incluso cuando el precio internacional del petróleo se derrumbó en el mercado mundial.

Pero a diferencia de YPF, que opera con el beneficio de ser dueña de los yacimientos de petróleo y gas, una Vicentin “nacional y popular” no sería dueña de la soja ni del resto de las materias primas. Las tendría que comprar a los productores, a quienes les debe aproximadamente 300 millones de dólares. Alberto Fernández señaló que los productores son rehenes de las cerealeras y que, con Vicentin como empresa testigo, eso podría cambiar. ¿De qué modo? El precio de la soja y de sus derivados está fijado por el mercado mundial e interviene una serie de factores, entre ellos de modo decisivo la especulación financiera. Si a un precio fijo de venta la empresa Vicentin paga más cara la materia prima, entonces lo que tendríamos es una caída de su ganancia, ya que está inhabilitada a comprar toda la producción porque para eso debiera poder procesarla. Además, si aumentase el precio a los productores locales llevaría también a un aumento proporcional de los alimentos dentro del país, o sea, lo contrario a la soberanía alimentaria.

Como se ve, la expropiación aislada de Vicentin para formar una empresa de capitales mixtos lejos está de cumplir los propósitos que han enunciado desde el gobierno y en especial desde su ala izquierda. ¿Qué quedará entonces? Un rescate a los acreedores, que cobrarán toda su deuda, a lo que habrá que agregarle la indemnización que se establezca para los actuales accionistas. Este dinero millonario será aportado por el pueblo argentino mediante nuevas confiscaciones.

El proyecto presentado por el Frente de Izquierda va en un sentido contrario: establece la expropiación de todos los activos de la empresa, la formación de una comisión investigadora integrada por trabajadores y técnicos para analizar los fraudes cometidos por el directorio de Vicentin, y la puesta en marcha de la empresa bajo el control y dirección de los trabajadores. Se trata de un planteo transicional que forma parte de una reorganización social integral del conjunto de la economía dirigida por un gobierno de los trabajadores.