La denuncia realizada por el periodista Juan Amorín ha dejado al desnudo a la gobernadora María Eugenia Vidal y el financiamiento de la camarilla de gobierno con fondos de los capitalistas, para los cuales luego deberán gobernar. La suma de aportistas truchos ya supera los cuatro mil, por una suma de 85 millones de pesos. Frente a tamaña estafa, se presume que una enorme porción de este dinero para financiar las campañas de Cambiemos, no sólo vino de parte de empresas que evadieron la prohibición legal de aportar a las campañas, sino también de los negocios multimillonarios que se encuentran fuera de la ley como el narcotráfico, la trata y todo tipo de negocios turbios que el gobierno deja proliferar.

Uno de los listados de aportistas truchos que salió a la luz es la presentada por la empresa de seguridad privada Murata, quien “brinda sus servicios” al gobierno de la Ciudad, pero también al propio Macri. Esta patota organizada es la que el propio gobierno contrató para amedrentar al conjunto de los trabajadores del Inti, que han dado una enorme lucha contra los despidos masivos y continúan con ella.

También aparecen centenares de trabajadores de los barrios más empobrecidos que son utilizados por Vidal para “blanquear” los aportes millonarios.

Para quienes hicieron de la corrupción del gobierno kirchnerista su principal caballito de batalla, la emergencia de sus propias corruptelas se ha transformado en un búmeran. Una larga nómina de concejales del PJ bonaerense han lanzado un “pedido de explicaciones” a Vidal y se han abierto causas judiciales que amenazan con voltear a la propia gobernadora. Vidal y el gobierno han quedado atrapados en su propia telaraña.

Las denuncias sobre los aportistas truchos que apuntan a Vidal forman parte de la crisis económica y política abierta en la Argentina. No es una casualidad que en los mentideros se escuchen voces que denuncian que “el destape” de la olla viene del propio Poder Ejecutivo nacional. Sucede que el plan de ajuste pactado con el FMI ha abierto una puja entre el gobierno nacional y los gobernadores de la mayoría de las provincias, por un lado, y la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, por otro. Los gobernadores del interior impulsan que la provincia y la Ciudad se hagan cargo de los costos y la inversión que generan Aysa, Edenor y Edesur, y los subsidios al transporte. Vidal y Larreta han mostrado su oposición a pagar el costo de este traspaso, lo que estiman lapidario para su futuro político, ya que se trasladaría a la población a modo de bruscos tarifazos por sobre los aumentos siderales de la actualidad, por un lado, y vaciaría las cajas de prebendas de la gobernación, por el otro. Vidal, junto con intendentes de todos los partidos patronales, había denunciado que este traspaso se consumía los 25 mil millones de pesos que ingresan a la provincia a través del retorno del “fondo de resarcimiento del conurbano”, vaciando la principal caja de reparto de Vidal hacia los intendentes.

Las denuncias que involucran a Vidal han mostrado cómo se financian los partidos que gobiernan para las patronales y el capital financiero, y cómo manipulan -invirtiendo miles de millones de pesos- los procesos electorales. El origen del dinero deja al descubierto el carácter de la clase social que viene gobernando la Argentina hace décadas, con aportes a las campañas de quienes luego gobernarán para sus intereses.

Las luchas intestinas entre las diferentes camarillas del Estado se desenvuelven de espaldas a los intereses populares. Están discutiendo cómo van a implementar un ajuste y quiénes van a pagar el “costo político” de llevarlo adelante. El cumplimiento del acuerdo con el FMI por parte de todos los que gobiernan abre una nueva fase de crisis políticas. El golpe a Vidal pega no sólo en el proyecto reeleccionista de la gobernadora, sino que también impacta en la línea de flotación de todo el macrismo, que no podría ganar la presidencial sin ella en la provincia y, más aún, si la gobernadora tuviera que suplantar a un Macri hundido de cara a las presidenciales.

La pelea de los docentes de la provincia, las luchas contra los despidos, por la defensa del salario, contra los cierres de empresas, cuentan con un nuevo escenario de debilidad política de Vidal. Los trabajadores enfrentamos el desafío de derrotar el plan de ajuste, despidos y mayor explotación en el marco de una crisis política en pleno desarrollo. En ese camino hay que seguir avanzando a paso firme en la construcción de una alternativa política de la clase obrera, para que la crisis la paguen los capitalistas.