Desde el rechazo a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado de la Nación, ya se conocieron dos muertes de mujeres víctimas abortos inseguros en la Provincia de Buenos Aires. En la ciudad de San Martín falleció Elizabeth, de 34 años y madre de dos hijos, por realizarse una interrupción del embarazo con una rama de perejil, lo cual le causo una severa infección en el útero. El otro caso se dio en Pilar, donde una mujer de 30 años, madre de cuatro hijos, también murió por un aborto incompleto.

Frente a esta situación, la respuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal fue echar a Estela Sánchez, coordinadora del Programa de Salud Sexual en la Zona Norte del GBA, por haber hecho públicos estos dos casos. Es un ataque al Programa mismo, y por elevación al movimiento de mujeres que lucha por terminar con la clandestinidad del aborto, de la mano del acceso a la educación y la salud sexual y reproductiva. Es una señal para disciplinar a las funcionarias en pos de ocultar una realidad que golpea fuertemente a las mujeres trabajadoras. Repite lo hecho en 2016, cuando llevó a la renuncia a la entonces ministra de Salud, Zulma Ortiz, luego de vetar su reglamentación del protocolo ante los casos de abortos no punibles.

Esta persecución es lo que hace que hoy solo se aplique la Interrupción Legal del Embarazo (para los casos no punibles) en 19 de los 80 hospitales de la provincia. Esto, cuando la Provincia de Buenos Aires carga con el 39,5% de las muertes por abortos clandestinos y casi 6.000 al año las internaciones por complicaciones derivadas de abortos inseguros, según cifras oficiales.

Vidal mantiene un pacto de hierro con el oscurantismo clerical, cuyos exponentes ocupan importantes puestos de gobierno. Luego de que Julio Conte Grand preparara el veto a la mencionada resolución de la ex ministra Ortiz, fue ascendido a Procurador General de la Justicia; mientras que el hasta ahora ministro de Gobierno, Joaquín De La Torre, fue promovido como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, luego de haber sido la cara oficial en las movilizaciones de la Iglesia para defender la clandestinidad del aborto y presionar al Congreso para que rechace el proyecto de IVE. Por supuesto, también mantiene intactas las exenciones impositivas a las propiedades eclesiásticas, que ya en 2016 totalizaban 860 millones de pesos.

Previo a la votación en el Senado, Vidal se plegó de lleno a la campaña oscurantista con declaraciones falseando información con respecto a los costos que podría implicar la legalización del aborto, argumentando que sería imposible de afrontar por el sistema de salud de la provincia. Esto ya había sido claramente rebatido, entre otros, por el ministro de Salud de la Nación, quien en su exposición dejó demostrado que los costos de un aborto en condiciones seguras son seis veces inferiores a lo que hoy cuesta la atención de las derivaciones de aquellos realizados en la clandestinidad. Luego del papelón histórico del Senado el 8 de agosto, afirmó sentirse “aliviada” por el resultado de la votación.

Consulta popular

En la Legislatura bonaerense hemos denunciado todo esto desde la banca del Frente de Izquierda. En la última sesión, fue aprobado un pedido de informes para que el gobierno dé cuenta de la situación del Programa de Salud Sexual y Reproductiva y en particular del funcionamiento del Sistema de Aseguramiento de Insumos Anticonceptivos. A su vez, nos encontramos en plena campaña para lograr que el Senado trate nuestro proyecto para garantizar la Educación Sexual, que ya tiene media sanción de Diputados. Todo estos son reclamos del movimiento de mujeres, que recogemos siempre en la perspectiva de llevar a la victoria la lucha por el aborto legal; a diferencia de Unidad Ciudadana, que hace eje en proyectos para que se implemente la ILE y la provisión de misoprostol, los cuales –sin bien acompañamos– se hallan por detrás de lo que millones exigen en las calles: aborto legal, seguro y gratuito en el hospital público.

Para conquistar el derecho al aborto, desde el Plenario de Trabajadoras proponemos al movimiento de mujeres la pelea por una consulta popular vinculante, que dé continuidad a esta gigantesca lucha. Se trata de seguir volcando todas nuestras fuerzas en la movilización popular, en oposición a los planteos de esperar a que las elecciones venideras arrojen una composición más favorable del Congreso. Ha quedado demostrado el carácter antidemocrático y antipopular del parlamento, así como la subordinación del conjunto de los bloques políticos a la Iglesia, que privilegian como aliada fundamental para contener el creciente descontento ante la crisis y la miseria social en aumento. La única garantía para la conquista de nuestros derechos se encuentra en la movilización y en la lucha contra este régimen social que condena a las mujeres a morir en la clandestinidad.

Preparemos una gran movilización de cara a este 28 de septiembre, día internacional por el derecho al aborto.

Vamos por la aprobación en el Senado bonaerense del proyecto por la implementación de Educación Sexual Integral.

Separación de la Iglesia del Estado. Consulta Popular Vinculante. Aborto Legal ¡YA!