Elena Cruz no sería la primera videlista que ocupe una banca en la presente Legislatura. Ya lo hacen varios que comulgan con sus opiniones e incluso hay ex ministros del gobierno militar. Cruz apareció en la lista de Cavallo y de Beliz en las elecciones porteñas del 2000 como parte de un objetivo más vasto: entregarle a su marido, el también procesista Fernando Siro, nada menos que la Secretaría de Cultura de la Ciudad. Tres años más tarde y rebelión popular de por medio, una parte de la tropa de Cavallo-Beliz integra el gabinete de Kirchner. El 90 por ciento de los legisladores milita en los partidos que votaron el Punto Final y la Obediencia Debida, cuya constitucionalidad se encuentra en manos de la Corte menemo-alfonsinista.

 

Se desprende de todo esto que si hubiera que depurar la Legislatura de aquellos vinculados ideológica o institucionalmente a la dictadura militar, se correría el riesgo de dejarla sin quórum. Es por esto que un veto al ingreso de Cruz por una mayoría de legisladores tendría las características de un auto-encubrimiento.

 

Pero hay algo más.

 

¿Sería correcto reforzar el arsenal represivo del Estado responsable de los asesinatos de Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, Víctor Choque, Maxi Kosteki y Darío Santillán, entre otros, del gatillo fácil y del encubirmiento y la impunidad, autorizándolo a castigar o penalizar las opiniones políticas? ¿Al Estado “democrático” que reprimió salvajemente a los trabajadores de Sasetru y Brukman y los habitantes del Padelai? ¿O que tiene bajo proceso a casi 3.000 luchadores populares? El “delito de opinión” o la “apología del delito” tipificada en el Código Penal son instrumentos para proteger al Estado capitalista y reforzar su capacidad de represión política contra la oposición que parte del pueblo.

 

En 1985, Alfonsín estableció por decreto, o sea inconstitucionalmente, el estado de sitio, alegando una conspiración de la derecha, para hacerlo de nuevo en 1989 para reprimir el hambre del pueblo y encarcelar al comité nacional del Partido Obrero. Legitimar el delito de opinión contra Cruz sería un tiro en el pie contra la izquierda y el movimiento popular. La Legislatura es una de las ramas del Estado, cuya función es proteger y defender al capital contra los trabajadores. Las opiniones fascistas deben combatirse políticamente; a las acciones y a los movimientos fascistas simplemente hay que aplastarlos.

 

Para derrotar la impunidad y castigar los crímenes de la dictadura es necesario movilizarnos contra el inminente fallo de la Corte que declarará constitucionales al Punto Final y a la Obediencia Debida y conquistar una mayoría popular para votar su anulación.