“Hay apenas 400 genocidas con prisión efectiva y hubo 800 centros clandestinos de detención. Hay medio preso por cada centro porque siempre el Estado argentino defendió a los genocidas. Ahora se quiere mandar a su casa a otros 100, como Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta y otros. Es una campaña para que los criminales estén en libertad y eso tiene que ver con la reunión de Patricia Bullrich (ministra de Seguridad) con el Comando Sur del Pentágono, para que las Fuerzas Armadas intervengan en la represión interna. De ese Comando Sur dependió la Escuela de las Américas, donde se formaron los genocidas. Acá se quiere hacer como en Brasil, donde Río de Janeiro está tomado por los militares. La multitudinaria manifestación del 24 de marzo va a impedir eso”.

Tales fueron algunos de los conceptos de Gabriel Solano, legislador de la CABA por el PO-FIT, en el programa emitido por América 24 el viernes 9, dirigido por Eduardo Feinmann. No se trató de un debate sencillo porque delante de él había una defensora del genocidio y los genocidas: Victoria Villarruel, de la organización Víctimas del Terrorismo, sucesora de la desaparecida Famus. Una defensora del genocido y una exponente de sus defendidos, porque en todo momento actuó como una patotera, mediante interrupciones y provocaciones. 

 

 

Villarruel dijo que el tratamiento que tuvieron los hechos de las décadas de 1960 y 1970 durante el gobierno kirchnerista fue “una burla”. Feinmann acudió de inmediato en su ayuda y recordó que “hubo montoneros” en el gobierno K. Solano replicó: “si hubo montoneros, fueron parte de un gobierno integrado por el genocida César Milani, que ahora está preso. Y eso no se descubrió ahora: nosotros denunciamos a ese asesino el día que asumió, y fuimos a Plaza de Mayo para oponernos a eso. Y estuvieron en el gobierno durante el que desapareció por segunda vez Julio López, y ya no volvió a aparecer”. Y en el gobierno del Proyecto X, podríamos agregar, ejecutado por una ex montonera, Nilda Garré, y por un militar carapintada: Sergio Berni.

En ese momento, alguien que aguardaba para intervenir en un panel posterior intentó corregir a Gabriel: “La ministra Bullrich no se reunió para que los militares repriman interiormente, sino para que se haga como en Italia, donde custodian edificios públicos y los policías puedan estar en la calle”. Solano le dijo: “Lea bien el acuerdo. Ahí dice que los militares custodiarían ´recursos naturales’. Vaca Muerta es un recurso natural ¿van a poner militares a custodiar Vaca Muerta contra los mapuche?”.

Villarruel defendió la prisión domiciliaria con que se beneficiaría a Astiz y otros con el argumento de la “igualdad ante la ley”, y añadió: “A diferencia de este señor (por Solano) que es un militante, nosotros somos abogados. Es la diferencia entre este señor y yo: yo respeto la ley”.

Solano replicó: “Si usted es abogada, en la facultad se debe haber copiado porque las leyes no las conoce. La Corte Suprema, que defiende un orden capitalista y no socialista, ha reconocido sin embargo que hay una diferencia sustancial entre los actos cometidos por un grupo particular y el terrorismo ejercido por el Estado, cuyos crímenes son de lesa humanidad. Pero, claro, yo pertenezco al Partido Obrero, y supongo lo que piensan de mi partido personas como esta señora, que son financiadas por genocidas”.

Cuando Villarruel equiparó al PO con las organizaciones guerrilleristas que actuaron en los 70, Solano contestó: “Por suerte, distorsiones así no las acompaña nadie. Cuando el gobierno quiso imponer el dos por uno el año pasado, una movilización imponente de 1 millón de personas los hizo retroceder, y para retroceder tuvieron que convocar a una reunión parlamentaria de urgencia. Personas como esta señora afortunadamente no pueden llenar ni una plazoleta, pero el repudio al dos por uno llenó al país”. A lo que Villarruel sólo pudo contestar: “No es mi objetivo llenar plazas”. Mejor para ella…

Por último, Solano recordó el bochorno de la asunción del nuevo jefe del Ejército, el general Claudio Pasqualini. Al acto fueron invitados familiares de genocidas, que llegaron a insultar al general Martín Balza. Un acto explícito de respaldo al genocidio por parte del gobierno y de la nueva cúpula militar. Solano finalizó: “El terrorismo de Estado organizó un plan sistemático de exterminio, que incluyó hasta el robo de bebés. Además, lo de las organizaciones que acá llaman ‘terroristas’ es un cuento: en marzo de 1976 esas organizaciones estaban desarticuladas. El 80 por ciento de los desaparecidos son trabajadores o estudiantes”.