Tras los apremios contra Ezequiel (15) e Iván (18), integrantes de la Garganta Poderosa, la Red de Organizaciones contra la Violencia Institucional de la Villa 21-24 (R.O.C.V.I) convocó a  una asamblea que reunió a gran parte de las organizaciones políticas y sociales que tienen una presencia militante en el barrio.

Participaron el Polo y el Partido Obrero del barrio, y el legislador del Frente de Izquierda Marcelo Ramal, quien propuso realizar una conferencia de prensa en la Legislatura y elevar un escrito a la Comisión de Seguridad para citar al Ministro de esa área, Martín Ocampo. La asamblea tomó la propuesta y votó marchar a la Legislatura para realizar la conferencia, en fecha a definirse en una próxima reunión.

 

Villa 21-24: zona liberada para el secuestro, la represión y la tortura

Ezequiel volvía de visitar a su abuela, cuando miembros de la Policía Federal lo pararon para revisarlo; su amigo Iván, que pasaba por ahí paró para saludarlo, fue retenido y golpeado por un oficial.  Sin “resultados” en la requisa, los chicos fueron liberados para ser detenidos nuevamente a pocos metros por tres móviles de la Prefectura, que los llevó a una garita ubicada en Osvaldo Cruz e Iguazú, para pasarlos a otro vehículo.

Desde allí fueron trasladados hasta un descampado lindero al Riachuelo, donde diez prefectos los golpearon e insultaron. Tras estos apremios les robaron las camperas y los esposaron a un caño disparando varios tiros al aire. Luego hicieron simulacros de fusilamientos con ellos. Los obligaron a rezar con un arma en la nuca y cuando finalmente los dejaron ir les espetaron "corran rápido o van a ser boleta".

Cuando los chicos fueron a presentar la denuncia en la Procuraduría contra la Violencia Institucional y en la Fiscalía de Pompeya, se encontraron con uno de sus torturadores, el prefecto Leandro Adolfo Antúñez, a quien reconocieron y denunciaron inmediatamente. La jueza María Gabriela Lanz, dio la orden de que se detengan siete agentes de Prefectura Naval Argentina (PNA) en el marco de una causa abierta por la denuncia por “apremios ilegales”.

Estos arrestos, junto a las innumerables denuncias de violencia institucional en las barriadas obreras,  ponen de relieve que el principal factor de inseguridad popular son las fuerzas represivas, que se valen de su poder despótico para financiar las cajas negras que las alimentan y mantener a raya a los que defienden sus derechos contra los atropellos del Estado.

Basta de represión, torturas, secuestros y gatillo fácil

Justicia por Ezequiel e Iván.