Por unanimidad (hmmm), la Legislatura porteña aprobó una "ley de urbanización" de las villas 31 y 31 bis. Se trata del reconocimiento legal de la villa de Retiro por parte de todos los partidos que se empeñaron en desalojarla; tuvieron que echar lastre. Votaron una ley que no asegura la real transformación de la villa en barrio ni los derechos de sus habitantes a permanecer en él.

La "ley de urbanización" se funda en un proyecto elaborado por profesionales de la Facultad de Arquitectura de la UBA, que "descarta cualquier desalojo forzoso". A pesar del cuadro de hacinamiento que se vive en la 31 y 31 bis, el proyecto presentado sólo contempla la construcción de viviendas nuevas para el 30% de la villa. Para el 70% restante sólo se prevén refacciones. El director del proyecto aduce que "aceptar lo que está en el lugar y dotarlo de lo que carece es mucho más barato que demoler para hacer algo absolutamente nuevo" (Página/12, 18/1). El proyecto rescata los pasillos villeros como parte de una identidad cultural a preservar aunque, con seguridad, sus habitantes preferirían cambiar esa cultura por calles hechas y derechas.

En cambio, el proyecto prevé "una avenida y un parque de borde", que le impondrán límites geográficos a la expansión de la villa.

Los autores consideran que el proyecto no sería "incompatible con los proyectos más ambiciosos para Retiro"; se refiere a las megatorres u hoteles cinco estrellas. La "urbanización gradual" propuesta constituiría, según ellos, un nuevo "atractor del sitio" (sic); o sea, algo así como un barrio turístico. Lo cierto es que el proyecto descarta cualquier expansión de tierras para la vivienda social, algo indispensable para resolver el actual hacinamiento. O sea que cede al capital inmobiliario las tierras aledaneas a la villa. La ley tampoco resuelve la titularización del suelo y de las viviendas. Para sus limitados objetivos, ni siquiera ha logrado la asignación de un presupuesto, que se postergó para dentro de un año. Los erradicadores que votaron el proyecto aspiran a limitar la expansión de la villa, a la espera de "tiempos mejores" para avanzar contra sus habitantes.

La ley contempla la formación de una "mesa de seguimiento" del proyecto, con la participación de delegados de los vecinos. Esta representación plantea, para este año, un proceso de elección de delegados. En ese proceso, necesitamos levantar un programa en favor de la real transformación de la villa en un barrio:

-por un censo controlado por los vecinos, para que ninguno quede fuera del derecho a la vivienda.

-basta de requisas e intimidaciones del gobierno PRO y de la policía.

-Derecho de los representantes electos y los vecinos a modificar el proyecto de urbanización, con la incorporación de viviendas nuevas, apertura de nuevas calles y otras necesidades (servicios sanitarios, espacios públicos).

-que las tierras de la villa y aledaneas sean colocadas a disposición de una urbanización social y sin hacinamiento, y no de los especuladores inmobiliarios.

-por un cuerpo de delegados por manzana, revocables por asamblea.