El brote de Covid-19 en la bonaerense Villa Azul (Quilmes-Avellaneda), con 174 casos confirmados, ha sido respondido por los gobiernos nacional, provincial y locales con el despliegue de un cerco represivo sobre sus habitantes.

Rápidamente, la atención “localizada” que anunciase el presidente Fernández este sábado se revela como lo que es, sin eufemismos: el armado de verdaderos guetos contra los pobladores de barrios carenciados, sin la resolución de ninguno de los problemas que llevaron a esta crisis sanitaria. El plan ya había sido puesto en marcha por el secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, con el eufemismo de una (imposible) “cuarentena comunitaria”, y es ratificado ahora por el viceministro de Salud provincial, que señala que “esto puede ser lo que se venga. Aislamientos estrictos en los territorios comprometidos”.

Lo cierto es que el brote de Villa Azul es el emergente de una crisis de subsistencia, habitacional, sanitaria y de infraestructura que se extiende a todos los barrios carenciados del conurbano, y que -como advirtieran tempranamente las organizaciones de lucha- llevan a la pandemia a instalarse allí sin obstáculos. Y cuya falta de solución por parte de los gobiernos convierte en una condena a muerte, que se agrava por el estado de sitio.

El panorama fue descripto puntillosamente en el Informe especial sobre los barrios populares del conurbano bonaerense ante el coronavirus, elaborado por Marcelo Mache días atrás para Prensa Obrera, sobre la base de estadísticas oficiales, entrevistas y relevamientos realizados por el Polo Obrero.

El informe recoge la existencia de 981 barrios en estas condiciones en el conurbano, con 328.393 familias para quienes rige la exorbitante crisis de infraestructura general: una estadística nacional releva que el 68% de los habitantes de asentamientos de este tipo en el país no accede formalmente a energía eléctrica, mientras que la falta de red de cloacas y de acceso formal al gas natural alcanza prácticamente a la totalidad (98 y 99%, respectivamente). Un poderoso aliciente para el Covid-19 es que el 89% no accede al servicio de agua corriente, llevando a métodos de abastecimiento precarios e incluso al consumo de agua contaminada. Las edificaciones precarias son la regla, con suelos contaminados y frío en el invierno, que golpean las defensas.

Los operativos frente al Covid-19 publicitados por los gobiernos son denunciados como una puesta en escena. Consisten en encuestas, realizadas en buena medida por voluntarios a falta de personal designado, y solo se hacen hisopados a quienes tengan síntomas, sin siquiera testear a quienes hayan tenido contacto con ellos. Pero ello solo donde se hacen, que es una reducida parte de los barrios. Entre las denuncias sobre el punto se encuentran las de vecinos matanceros de los sitios carenciados de González Catán, Laferrere e Isidro Casanova, donde los testeos brillan por su ausencia pese a haber decenas de casos. Las constataciones tampoco llevan a mucho: así se vio en el barrio San Ignacio de José C. Paz, donde el registro de dos casos no llevó a desinfecciones ni otras acciones de los municipios. Pasan los operativos, pero todo igual, y ni siquiera aparecen los kits de higiene para los vecinos.

Dentro del conurbano, los distritos con más barrios carenciados son Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza, Lanús y San Martín. Se trata de localidades ya densamente pobladas, en que el aumento de los alquileres, las caídas salariales y el mayor desempleo empujan hacia allí a más y más pobladores. El hacinamiento es particularmente fuerte en aquellos del primer cordón del conurbano, lo que hace la realización de cuarentenas familiares particularmente difícil, más teniendo en cuenta que los adultos deben salir a realizar compras o cobrar prestaciones sociales en el caso de quienes las reciben.

Pero, en verdad, esta imposibilidad afecta al conjunto de los habitantes que, sin ayuda del Estado -muchos quedaron afuera del ya mísero Ingreso Familiar de Emergencia, y los que están inscriptos en su mayoría no lo han cobrado-, se ven obligados a salir a proveerse su subsistencia. 

En el mismo sentido, la apertura de ciertas actividades económicas también ha llevado a una mayor circulación de la enfermedad en los barrios. Las violaciones empresarias a los protocolos sanitarios golpean, como se vio en el caso del Frigorífico Federal, que creó un foco de infección en el barrio La Paz de Quilmes.

El señalamiento de tres integrantes del comedor de barrio Unión de La Matanza, de que el hambre crece, vale como panorama general. Los comedores tienen más demanda, pero las provisiones estatales de mercadería han mermado y en muchos casos directamente se han paralizado, lo que el gobierno busca justificar en sus propios escándalos de sobreprecios, y en la supuesta “imposibilidad” de imponer límites a los precios de los proveedores.

Los sucesivos gobiernos del PJ y Cambiemos, a nivel local, provincial y nacional, se revelan en este colapso como lo que son: defensores de intereses completamente ajenos a la población trabajadora. El reclamo por alimentos, subsidios a desocupados y un plan sanitario integral, sobre la base de nacionalizar el sistema de salud y ponerlo bajo control de sus trabajadores y usuarios, va de la mano con el rechazo a sus patrullas.