Ubicada a treinta cuadras de Casa Rosada, 400 familias sobreviven inmersas en el hacinamiento y la contaminación. Entre ellos, 180 lo hacen debajo del puente, literalmente, abajo de la autopista Buenos Aires-La Plata.

Ante este contexto altamente precario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció la reubicación de los vecinos instalados bajo la autopista y la urbanización del resto del asentamiento. A más de diez años nada ha hecho el Estado. “Las tierras para construir se fueron comprando: Olavarría 71, Tomás Liberti 1068, Necochea 878. Sin embargo, las licitaciones nunca avanzaron. Todas las licitaciones se cayeron como 20 veces en los últimos años. El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) ya casi no viene al barrio, no te atiende, y ahora con las elecciones menos” , cuenta Ramón Martínez, delegado del barrio. Y enseguida, agrega: “También están incumpliendo con la justicia porque hace un año que no convocan a una mesa de trabajo” (Sur Capitalino, 03/10).

Tomando en cuenta los planes de obras, con una década de demora, se emplazarían 14 unidades habitacionales en el terreno de la calle Olavarría, otras 14 en Necochea y 34 en Liberti. No solo no se puso un solo ladrillo, sino que, incluso construyendo lo anteriormente informado, solo albergarían al 34% de los vecinos involucrados en la sentencia.  A la par, según declara el IVC, desde hace varios años se encuentra “en papeles” el pliego de adquisición de un inmueble ubicado en Pedro de Mendoza y Caffarena, al lado de la Usina del Arte, destinado a levantar 100 departamentos. Todo en papeles, nada ha hecho. Sumado a que los cálculos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deja a un grupo importante de familias trabajadoras afuera.

En 2006 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró al barrio de La Boca en “Emergencia Urbanística y Ambiental”. Pegados al Riachuelo, uno de los cauces acuíferos más contaminados del planeta, se cuentan por miles quienes respiran, beben, pisan y conviven en medio de las emanaciones altamente toxicas vertidas por el polo petroquímico más grande del país, poniendo en seria amenaza las condiciones básicas de vida del pueblo trabajador. Así también lo definió, quince años atrás la misma corte suprema, en la sentencia de la Causa Mendoza, definiéndola como “zona inhabitable”.

Según informes efectuados por cámaras inmobiliarias, el metro cuadrado en el barrio no baja de los 1500 dólares (1.275.000 pesos) y en incremento al ritmo de la devaluación e inflación. Detrás de La Bohemia, Caminito, el tango y la niebla del Riachuelo se planifica un gigantesco negociado para los especuladores. Con el apoyo de oficialistas macristas, peronistas, kirchneristas y liberfachos. Expulsando y pauperizando a las familias trabajadoras.

No se debe olvidar que importantes firmas constructoras, inmobiliarias y financieras (IRSA, Banco Hipotecario, Banco Ciudad, CRESUD) han acordado con el GCBA la extensión de Puerto Madero, copando de rascacielos, shoppings y hoteles de lujo el margen sur de la rivera.

La inacción del GCBA, al igual que el ente estatal Acumar (a cargo del saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo) pone de manifiesto los intereses de la clase social para la cual gobiernan. Al igual que la falsa oposición peronista (Unión por la Patria) apoyando el actual cogido urbanístico, como lo hacen también los legisladores liberfachos. Un apoyo total a un régimen que incrementa los extraordinarios beneficios a los especuladores inmobiliarios.

Para terminar con la crisis habitacional es necesario dar vuelta la torta. Terminar con los especulados y sus gobiernos ajustadores, socios del FMI. Es hora de ganar las calles por el cumplimiento de las sentencias, por un plan de obras públicas y de viviendas populares bajo control de los vecinos de las barriadas más urgentes.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad (lista 508) vamos por el ingreso de legisladores obreros y socialistas en defensa de la vivienda digna, el trabajo, la salud y la educación.

https://prensaobrera.com/sociedad/sin-un-plan-integral-de-vivienda-no-hay-ley-de-alquileres-que-valga