Cuando el imperialismo norteamericano y su marioneta, la OEA, acompañados activamente por los gobiernos continentales de centroizquierda y de centroderecha, se encuentran empeñados en encarrilar la crisis peruana hacia una salida satisfactoria para sus intereses, reclamar que el gobierno argentino rompa relaciones con Perú, como lo reclaman el Mst y Vilma Ripoll (Página/12, 29/7), significa ponerse a la cola del imperialismo y hasta saltarse a la primera fila. Cuando las masas peruanas necesitan superar su dirección neoliberal, como es la del ex candidato Toledo, promover la intervención de los estados latinoamericanos que ejecutan las órdenes de Washington significa condicionar el proceso político peruano a las alternativas que maneja el imperialismo. En lugar de pedir la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de De la Rúa, habría que denunciar al imperialismo yanqui y a la OEA, que buscan una salida democratizante y neoliberal sosteniendo simultáneamente a Fujimori, por un lado, y los reclamos de democratización de Toledo y del frente de partidos que lo respalda, por el otro.

“Internacionalizar la crisis peruana” es una consigna reaccionaria. Así lo demuestra lo que ocurre en Colombia, donde el empeño de las Farc por meter en el ‘proceso de paz’ primero a la Bolsa de Nueva York y recientemente a la Unión Europea, concluyó hace tres semanas con el pleno respaldo de la Bolsa y de la UE a la política norteamericana de mandar helicópteros fuertemente equipados para intervenir en la llamada lucha contra el narcotráfico. El envío de veedores electorales, sea de parte de la ONU, de los Estados Unidos o de James Carter, con el alegado motivo de verificar la pureza de los procesos democráticos, se ha institucionalizado como un derecho de vigilancia y hasta de veto que el imperialismo ha ido estableciendo, con argumentos democráticos, en toda América Latina. En todos los países donde esto se ha consentido, el resultado ha sido la emergencia de gobiernos digitados (democráticamente) por el imperialismo. Se trata de un procedimiento que los yanquis gustarían de ver aplicado en Cuba, lo cual es suficiente para caracterizar toda esta política.

La política democratizante que pretende ahorrarse el camino de la revolución social por la disputa al interior del Estado capitalista, concluye siempre sirviendo al imperialismo.