El nuevo intento del gobierno de Alberto Rodríguez Saá de liquidar los derechos docentes, ha provocado una nueva sublevación popular.

El gobierno atacó a los docentes que se habían encadenado en la Legislatura con una brutal represión. Esta se extendió al centro de la ciudad, atacando las movilizaciones que salieron en defensa de los docentes y contra la represión que se estaba produciendo. Los movilizados, en sus corridas, iban atacando los emblemas y propiedades en poder de los Saá: los diarios La República y La Opinión, la parrilla El Arriero, el Casino New York, la sede del Partido Unión y Libertad.

Durante varias horas la situación de la provincia estuvo centrada en la lucha contra la represión policial y el permanente intento de los manifestantes de rearmar la movilización. La represión dejó el saldo de 55 detenidos y 20 heridos; la liberación de los detenidos fue lograda con una movilización permanente frente a la comisaría y la Casa de Gobierno.

Finalmente, el gobierno retrocedió en su intento de eliminar los estatutos docentes, montándose sobre una soga que le tiró el ministro de Educación de Kirchner, Filmus, y la dirección de la Ctera: o sea, abrir una diálogo por 15 días para revisar modificaciones al Estatuto. El planteo fue rechazado de plano por los docentes, que declararon el paro por tiempo indeterminado a partir del martes (el lunes es feriado en la provincia) y no admiten dialogar con los Saá.

La Multisectorial, que está integrada por las cámaras patronales, la Iglesia, sindicatos y partidos de oposición, ha salido a reclamar vivamente la intervención federal.

El gobierno nacional adelantó su decisión de no intervenir por ahora la provincia, a la “espera de los acontecimientos”. Pero no condenó la brutal represión que se extendió por dos días. La misión de Filmus estaba destinada a buscar una mediación que pusiera fin al reclamo del magisterio y diera paso a la modificación de los estatutos. Por último, hay una coincidencia de objetivos entre los gobiernos provincial y nacional frente a los docentes, que es liquidar el estatuto.

La salida política han ido a buscarla en Buenos Aires; hacia allí marchó una delegación de la Multisectorial, y también el propio gobernador.

El Partido Obrero de San Luis fijó su posición en una declaración:

“No es salida para el pueblo de San Luis la continuidad de los Saá y mucho menos la intervención del gobierno nacional, que protege las mafias policiales autoras de secuestros e ilícitos, que congela salarios, mientras aumenta el endeudamiento del país para beneficio de bancos y los grupos petroleros y mineros, que se arrodilla ante el FMI y que criminaliza la protesta social.

La salida para el pueblo de San Luis es una reorganización total, política y económica, respondiendo a los intereses de los trabajadores y el pueblo:

– que garantice la plena vigencia de los derechos de los docentes,

– que reabra las empresas cerradas,

– que dé plena libertad de organización a los desocupados del pan de “inclusión”,

– que pague los salarios atrasados,

– que aumente los sueldos,

– que abra los libros del Estado y las empresas que se han beneficiado con los favores oficiales,

– que disuelva el aparato represivo de los Rodríguez Saá,

– que no deje piedra sobre piedra del régimen dictatorial y de corrupción.

Decretemos la huelga general de todos los trabajadores, autoconvoquémonos en asamblea popular, hasta que se vayan, y convoquemos a una Constituyente libre y soberana que se haga cargo de la provincia.”