Desde que comenzó la era kirchnerista en nuestro país, muchos fueron los anuncios que se hicieron de planes de vivienda. Un año después de haber asumido, a mediados de 2004, Néstor Kirchner hacía público el mega-anuncio del Plan Federal de Viviendas, el cual contemplaba la construcción de 120.000 unidades habitacionales, las que debían terminarse en doce meses y que darían empleo a 360.000 trabajadores.

La información que se desprende de aquel momento indica que las viviendas tendrían un costo de entre 30.000 y 65.000 pesos, según la ubicación geográfica y los metros cuadrados. El plan se llevaría a cabo en diferentes regiones del país, con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -luego fue sustentado con fondos de la Anses. El programa fue centralizado por el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido -el mismo que maneja la energía, las obras públicas y que debe controlar a los concesionarios de las empresas de servicios

A partir de ese momento comenzó una catarata de anuncios y promesas (ver recuadro: "Promesas incumplidas"), fundamentalmente con los planes federales de vivienda -nave insignia de los grandilocuentes anuncios del gobierno kirchnerista-, los que prometían 420.000 viviendas, de las cuales se terminaron alrededor de 143.000. Eso sin contar que en el mismo plan se anunciaron tres veces, durante tres años consecutivos, las mismas viviendas. Lo más grave es que nunca se hicieron, pero sí se pagó a los empresarios, cómplices del desfalco.

El presupuesto destinado a este plan ascendía a casi 21.277 pesos millones. Hasta el año pasado ya se había gastado más del 90 por ciento de los fondos -más de 19.000 millones de pesos- en menos del 35 por ciento de las viviendas terminadas.

Cada una de estas viviendas terminó costando alrededor de 150.000 pesos, lo que implica un sobrecosto de construcción del 300 por ciento. A esto hay que sumarle que la adjudicación de las viviendas no ha sido transparente, por lo cual en muchos casos no han sido entregadas a quienes más lo necesitan, sino a quienes los "punteros" políticos del gobierno designan a dedo.

Entre tantos anuncios, fueron innumerables los reclamos de las provincias y de las empresas por la falta de pagos. Empezaban así también a suspenderse aquellas obras que habían comenzado, con los trabajadores en la calle utilizados como variable de ajuste de la corrupción, de los desmanejos y de la impunidad de De Vido y de su "banda".

Dime qué anuncias y te diré cómo mientes

Aunque los datos oficiales escasean para los ciudadanos -e incluso para la oposición-, los pronósticos más optimistas aseguran que sólo se terminaron aproximadamente 300.000 unidades entre todos los planes nacionales y provinciales que el kirchnerismo anunció con bombos y platillos al calor de los aplaudidores oficiales. Las viviendas anunciadas durante estos nueve años de Néstor y de Cristina fueron más de 1.200.000 -lo que marca el nivel de impunidad para generar falsas expectativas.

La utilización de temas tan sensibles para los trabajadores -como el derecho a la casa propia- para usarlos como bandera resulta de una perversidad manifiesta. Tanto los anuncios incumplidos de construcción de viviendas como las promesas de créditos accesibles para los trabajadores resultan moneda corriente para un gobierno que eligió como socio a Sergio Schoklender para la construcción de viviendas sociales, en las que reinaron los sobreprecios y la corrupción.

Las estadísticas oficiales hablan de un déficit habitacional, en la Argentina, de más de 2 millones de viviendas, aunque el crecimiento demográfico y la demanda que crece año a año hablarían del doble. Por ende, casi 4 millones de familias no tienen una vivienda digna en este país. Por otra parte, en el último mes, un estudio del BID manifestó que el 32 por ciento de las familias argentinas vive en casas precarias.

Frente a cada crisis política realizaron un anuncio sobre créditos o sobre planes de vivienda; lo que está directamente relacionado a una de las industrias madre en la economía de nuestro país, por ser generadora de miles de puestos de trabajo: la construcción.

El gobierno de los Kirchner y sus cómplices de la Cámara Argentina de la Construcción y de la Uocra se han enriquecido gracias a la obra pública, con salarios de hambre y con el sostenimiento de un sistema mafioso, que recauda a costa del esfuerzo y de la vida de los trabajadores.

Hoy, nuevamente el gobierno -de la mano de las corporaciones patronales que representan a la Cámara Argentina de la Construcción, así como también con el ferviente apoyo de su cómplice en la burocracia sindical, Gerardo Martínez- vuelve a echar mano a las promesas de una casa propia, con la misma liviandad con la que anunció la supuesta "estatización" de YPF, cuando no fue más que una nueva reprivatización.

Cristina promete ahora 100.000 créditos por año para viviendas, con la plata de la Anses. Una nueva bomba de humo que, por otra parte, no logra explicar por qué en lo que va del año sólo se ha ejecutado el 12 por ciento del presupuesto destinado a la construcción de viviendas.

Las operaciones del gobierno para intentar tapar el ajuste que pretende aplicar sobre los trabajadores cada vez tienen un efecto más corto y débil; y una vez más terminan dejando al descubierto diez años de discursos vacíos, de falsos anuncios y de promesas incumplidas.