La expansión de las cenizas del volcán Hudson está produciendo una verdadera catástrofe económica y social en la provincia de Santa Cruz. La nube volcánica ha provocado una masiva muerte de oveja. Del millón y medio de animales de la región ya han muerto más del 40% y se considera inevitable que el resto siga la misma suerte. Solo una porción mínima pudo ser evacuada y resulta muy difícil su reubicación. Se calcula que diez millones de hectáreas, es decir el 42% del territorio provincial ha sido afectado por las cenizas. El agua de los ríos y las lagunas se puede tornar poco apta para el consumo humano y ciertos especialistas estiman que en el mejor de los casos se necesitarían como mínimo cinco años para restablecer las condiciones del suelo.

Las cenizas precipitaron un desastre que venía de arrastre, debido al deterioro del suelo provocado por el atraso técnico de las explotaciones extensivas. Antes de la erupción del volcán, el sobrepastoreo determinó un avance arrollador del desierto. Sobre 600 estancias de la zona, 200 fueron abandonadas en los últimos años y según algunas estimaciones el resto se iba a perder en el curso de dos o tres años por el carácter parasitario de la explotación super-extensiva. El Hudson le dio el tiro de gracia a la agonía de una economía regional, cuyo estancamiento es consecuencia de la impotencia de los sucesivos gobiernos capitalistas para promover la colonización, la inversión y el poblamiento de la zona. “En una provincia que tiene menos de medio habitante por kilómetro cuadrado, enfrenta un nuevo peligro que es tener casi el 50% de su extenso territorio totalmente desocupado” (Río Negro, 24/9).

Subsidios, desocupación, enfermedades

La nube volcánica afecta directamente a unos 20.000 de los 160.000 pobladores de la provincia. Especialmente a centenares de peones rurales y a los pueblos Los Antiguos, Perito Moreno, Las Heras y San Julián. Hasta el momento, la actividad lanera no se ha paralizado, pero existe la perspectiva cierta de una desocupación masiva de todos los que dependen de la zafra lanera. La Cooperativa Lanera de San Julián, que el año pasado comercializó 750.000 kilos de lana, este año apenas venderá 200.000 kilos. En los Antiguos se perderá también la cosecha de cerezas.

Frente al desastre, todas las promesas de auxilio que formularon desde agosto diversos funcionarios han quedado en las palabras. Menem prometió un subsidio de 10 millones de dólares, destinado en gran parte a los grandes ganaderos, que hasta el momento no se concretó. Para los peones y los trabajadores no ha llegado ni está prevista ninguna ayuda significativa. Además de la amenaza de pérdida masiva del empleo, existe un peligro de gran deterioro de la salud. En esta época se levantan vientos que vuelven a expandir las cenizas. Aunque los “vulcanólogos” de la Secretaría de Energía opinan que no son tóxicas, hay coincidencia que el 80% del polvo en suspensión puede incrustarse en los pulmones, lo que obliga al uso casi permanente de barbijos descartables. Muchas familias han debido evacuar a los niños por las imprevisibles consecuencias sanitarias de la catástrofe.

Un programa de emergencia para los afectados.

Algunos especialistas han denunciado el peligro de que un puñado de capitalistas aproveche la desvalorización de la tierra para comprarla por sumas irrisorias y convertirlas en grandes latifundios, para una futura explotación petrolera o turística.

Mientras los pobladores buscan desesperadamente sobrevivir, un puñado de especuladores prepara su negocio. Resulta imprescindible que las organizaciones sindicales levanten un programa de emergencia de apoyo y solidaridad con los afectados. En Los Antiguos, los trabajadores estatales ya han formado una intergremial y exigen un aumento salarial por insalubridad. Esta reivindicación es el punto de partida. Pero se requiere, además, un seguro al parado que asegure el sustento de los afectados y su eventual reubicación. Existe una evidente desatención del gobierno. No puede demorarse la integración de un fondo de emergencia basado en impuestos especiales a las corporaciones petroleras, pesqueras y a los grandes estancieros.

Si los subsidios gubernamentales se concretan tal como están previstos, en el mejor de los casos solo recompondrían la anterior actividad parasitaria. Por eso la administración de los fondos de ayuda deben ponerse bajo control de los trabajadores, los campesinos, los afectados, los sindicatos y partidos populares para que aseguren el auxilio de los necesitados y sirvan para poner en marcha un plan de reactivación de la economía regional controlado por los propios trabajadores.