En la sesión que tuvo lugar este miércoles en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de “sostenibilidad” de la deuda, que otorga un cheque en blanco al gobierno para el rescate -reestructuración mediante- de los acreedores, el oficialismo aprovechó para poner a votación una entrega adicional de la soberanía nacional.

La iniciativa presentada autoriza la entrada de tropas extranjeras a nuestro país, así como la salida de tropas nacionales para operaciones militares conjuntas con aquellas, entre septiembre de 2019 y agosto de este año, en el marco del “Programa de Ejercitaciones Combinadas” de Estados Unidos en el continente. 

Con este nuevo gesto de sumisión al imperialismo –en línea con la visita de Fernández a Israel, la calificación sostenida de Hezbollah como organización terrorista y la negativa a romper con el derechista Grupo de Lima–, el gobierno afirma su continuidad con la orientación servil del macrismo y busca dar otra garantía del pago de la deuda. 

El acuerdo satisface pretensiones clave del imperialismo yanqui en la región, fortaleciendo a los enemigos de las rebeliones que vienen atravesando a nuestro continente ante los efectos de la crisis capitalista, desde Puerto Rico a Chile. Con operaciones como estas, el Pentágono selecciona y trata de cooptar a mandos militares de las naciones sudamericanas, para actuar de forma mancomunada -con pretextos como defender la paz mundial o combatir el terrorismo, el narcotráfico o el contrabando- en la represión de los levantamientos populares y en operativos golpistas como el vivido en Bolivia.

El proyecto viene acompañado con un larguísimo detalle de los numerosos operativos que harán su entrada al país. Para tener noción de la magnitud e implicancias del acuerdo, se puede tomar uno de estos, el llamado “Gringo Gaucho”, que supone la visita de un portaviones yanqui con 5.000 efectivos a bordo, acompañado por una fragata con 330 militares más, que harán ejercicios a lo largo de la costa marítima argentina, acompañados por una corbeta argentina con 115 efectivos, 2 aviones y un helicóptero con 19 militares más. Vale recordar, como hizo la diputada Romina Del Plá, que durante el mayor conflicto en el Atlántico argentino, la guerra de Malvinas de 1982, los Estados Unidos se pusieron del lado del agresor británico, sin importarle el carácter lamebotas de la dictadura argentina.

La norma se coloca a votación en un contexto de acercamiento del gobierno a los mandos reaccionarios de las Fuerzas Armadas, ya expresado con la aprobación meses atrás del proyecto presentado por Agustín Rossi -entonces jefe de la bancada peronista en Diputados, y actual ministro de Defensa- de reequipamiento del aparato militar. En esa ocasión, la iniciativa contó con el apoyo entusiasta de la bancada del PRO. 

Quien conoce la historia no sale sorprendido: años antes de que Mauricio Macri y Patricia Bullrich habilitasen la utilización de los repudiados militares en tareas de represión interna, bajo la anterior gestión de Rossi se había avanzado fuerte en este propósito con la designación de César Milani al frente del Ejército, la sanción de la Ley Antiterrorista y la prórroga del Operativo Escudo Norte, que incrementaba la presencia de milicos en el norte del país. Sin ir más lejos, en 2007 se había aprobado en el Congreso la entrada de tropas extranjeras y salida de las propias para operaciones conjuntas con el imperialismo yanqui entre fines de ese año y mediados del 2008, denominadas con el mismo nombre: “Programa de Ejercitaciones Combinadas”.

El Frente de Izquierda rechazó el proyecto. Como señaló Romina Del Plá, “un gobierno de trabajadores organizará a las Fuerzas Armadas no como instrumentos represivos contra el pueblo, sino sobre nuevas bases sociales, para defender la revolución de nuestro país contra cualquier intento de intervención o agresión imperialista”.