Con 20 días de demora, el gobierno empezó a pagar los vouchers educativos prometidos en abril para subvencionar a las familias que envíen a sus hijos a colegios privados, los cuales en teoría iban a cubrir la mitad de las cuotas. Sin embargo, quedó al descubierto que el programa fue una estafa.

En lugar de los más de $27.000 anunciados, la mayoría de los inscritos empezó a recibir transferencias de fondos por unos miserables $7.000. El importe, en la versión oficial, era para subvencionar las cuotas de abril, mayo y junio, pero se fijó considerando la tarifa de marzo. Así, muchas familias que pagan más de $100.000 por cuota escolar solo recibieron un voucher de alrededor de $10.000.

El proceso de inscripción fue sumamente engorroso porque se tomó como base la plataforma de inscripción del Programa Progresar, el cual recibe muchísimas menos inscripciones. La página colapsó rápidamente y la cantidad de datos que se pedían a las familias para aplicar al programa parecía infinita. Incluso se preguntaba si la familia pertenecía a pueblos originarios o si se percibían como afrodescendientes, lo que denota una discriminación racial en el criterio, aunque se desconoce sobre la base de qué criterio fue realizado el otorgamiento. Una vez llenado el formulario, tampoco había constancia de inscripción ni manera de seguir el proceso.

Cabe destacar que esto es un subsidio indirecto a la educación privada (sobre todo confesional) que se aplica mientras se desfinancia la educación pública y los salarios docentes. El oficialismo suspendió el pago de los fondos educativos nacionales (destinados a cubrir ítems salariales para los docentes, realizar obras de infraestructura en las escuelas y sostener los comedores escolares), recortó las transferencias a las provincias, afectando el presupuesto educativo de de cada jurisdicción (del cual dependen las escuelas e institutos de formación docente), y paralizó virtualmente la obra pública, agravando los problemas edilicios de los lugares de estudio. Además congeló el presupuesto universitario y eliminó los subsidios energéticos que recibían los establecimientos públicos, como las universidades y las escuelas.

Esto en primer lugar es un intento improvisado y desesperado de atenuar el colapso educativo que el propio oficialismo está generando con sus políticas de ajuste. El desfinanciamiento de la educación pública ha llevado a esta al colapso. En paralelo muchos padres optan por mandar a sus hijos a colegios privados, aunque tengan que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder costearlo. Sucede que la cuota de los colegios privados se incrementa mes a mes, mientras lo salarios de las familias se mantienen pisados por debajo de la canasta básica por decisión del propio gobierno que no homologa los acuerdos paritarios para mantener los incrementos por debajo de la inflación.

Los vouchers educativos, que resultaron finalmente ser un a estafa, además fueron anunciados en respuesta al reclamo docente por la eliminación del Fonid y los paros de no inicio de clases. Sin embargo, crece la enorme cantidad de luchas y movilizaciones en defensa de la educación pública, como la histórica marcha educativa que ganó las calles en defensa de la educación pública, el paro de las universidades, la lucha que hoy encarna la docencia de Misiones, donde llevan acampando hace días por salarios y presupuesto educativo, o el caso de Córdoba donde se llevó adelante una enorme movilización con la Uepc a la cabeza.

En lugar de parches, necesitamos medidas de fondo para sacar adelante la educación en nuestro país. Eso significa nacionalizar el sistema educativo, estatizar las escuelas privadas, triplicar el presupuesto destinado a educación y recomponer el salario docente.

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