El 29 de abril se cumplieron dos años de la inundación de la ciudad de Santa Fe. Miles de personas asistieron a la Plaza de Mayo una vez más a exigir la cárcel a los responsables de la “catástrofe” del Río Salado, que se llevó más de 130 muertos y dejó a 130 mil personas con sus casas bajo el agua.

 

El pacto entre Reutemann y Kirchner, que cerró las filas de todo el arco justicialista, para las elecciones de octubre, y el exhibicionismo que montó el gobierno de Obeid a través de los medios oficiales de las obras destinadas a la reparación de los barrios y a la “reparación” económica a los afectados (El Litoral del 23/4 publicó un boletín extra a todo color sobre este punto), fueron la antesala de la noche del viernes.

 

A diferencia de las demás movilizaciones, ésta no surgió de un proceso de organización: la mayor cantidad de gente llegó por fuera de las columnas de los distintos movimientos.

 

Asistieron más de ocho mil personas: “Cada vez que el documento hacía referencia al ex gobernador Reutemann, al actual, Jorge Obeid, y demás funcionarios y ex intendentes de la ciudad, una silbatina generalizada invadía la plaza. Hasta el presidente Kirchner también fue acusado como cómplice del reciclaje” (El Litoral, 30/4).

 

El Partido Socialista-UCR (Frente Cívico) y el ARI, por su parte, juegan como pescadores de votos. No ofrecen ninguna salida a los inundados ni al pueblo explotado de la provincia. Durante el tratamiento de la ley de reparación económica se abstuvieron de convocar a movilizarse y discutieron enmiendas insignificantes, mientras los inundados y el Partido Obrero estábamos en la calle repudiando la sesión.

 

Esta “oposición” que se presenta como “modelo”, con su gestión en Rosario, es la válvula de escape de los negociados capitalistas y de la “patria exportadora” ante el derrumbe incesante del peronismo.

 

Ante esto, el Partido Obrero exige la indemnización total a los inundados, la reconstrucción de los barrios (casas, escuelas, plazas, etc.) con un plan de obras públicas bajo control de los trabajadores, un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar para todos los trabajadores y la cárcel a los responsables de la masacre del Río Salado.