Mil trescientos cesantes en Avellaneda, 145 en Lomas, 80 en Quilmes, una cifra similar en Ensenada. Más de 2.000 contratados en las comunas han sido despedidos en las últimas horas y han dejado servicios básicos (hospitales) al borde del colapso.

Los intendentes se apoyan en la ley votada por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, habilitando a los 134 municipios a declararse en emergencia económica, despedir personal contratado y emitir títulos para hacer frente a sus deudas. El proyecto de ley es el reconocimiento del carácter trucho de lo que se presenta como equilibrio financiero en las cuentas de la provincia.

El despido de los trabajadores munipales nace del pago de la deuda, en la provincia con el 48% del trabajo en negro, del "jubileo" constante de la oligarquía (los ingresos en concepto de impuesto inmobiliario rural no superan el 2% del total de ingresos en el presupuesto actual, lo que no se puede ocultar con la bambolla de los countries), del salvataje de la burguesía en bancarrota – las deudas morosas e incobrables del Banco Provincia – , y de las privatizaciones. La misma norma que habilitó los poderes especiales para los municipios habilitó al gobierno a emitir un bono por un valor de hasta 50 millones de pesos para cubrir el déficit del quebrado Banco Municipal de La Plata.

Una salida ante una situación concreta

La ley de emergencia permite a los municipios echar a trabajadores contratados y también emitir bonos por sus deudas con acreedores y proveedores, con un plazo de cancelación de ocho años y un año de gracia para el pago de capital. Estos títulos podrán ser utilizados para pagar tasas municipales o deudas con las comunas (Hoy, La Plata, 17/11/03). Luego de anunciar el fin de las cuasimonedas de las provincias, el patacón regresa por la ventana de los municipios.

Los trabajadores municipales han salido a la calle. Está planteada la lucha por la reincorporación de los despedidos, el pase a planta permanente de los compañeros Jefes y Jefas desocupados, los hospitales y las escuelas, y una bolsa de trabajo bajo el control de las organizaciones de desocupados. Se trata de hacer votar resoluciones en asamblea general, porque las intendencias (y la burocracia) juegan a la atomización de la lucha.

La lucha por la reincorporación debe ser entendida (y asumida) como una lucha de conjunto, junto a las Asambleas Populares.