¿Vuelven los patacones a la provincia de Buenos Aires?

Los salarios en la mira

Como hemos señalado en diferentes oportunidades, la llegada del coronavirus a la Argentina ha puesto en la superficie la situación de quebranto generalizado de las cuentas nacionales y provinciales, producto del beneficio financiero que se le otorgó durante años a los especuladores de la deuda pública. Llegado el momento de enfrentar una situación sanitaria excepcional, ni el país ni la provincia de Buenos Aires cuentan con los recursos para enfrentarla. La cuarentena, extendida hasta el 12 de abril, es entendida por el gobierno como el único recurso disponible para enfrentar la pandemia, con la conciencia que el avance del virus en el Gran Buenos Aires podría producir un desastre sanitario. Como hemos señalado en Prensa Obrera, la municipalización del sistema de salud en la provincia ha producido un desfinanciamiento sin precedentes y, por lo tanto, una situación de desprotección al conjunto de los trabajadores bonaerenses. En este marco, el gobierno nacional se dispone a pagar intereses de deuda por 250 millones de dólares y 1.850 millones de pesos.


Los mismos municipios, que son corresponsables de la situación hospitalaria, han amenazado con reducir el salario de todos sus trabajadores, aduciendo una caída de la recaudación municipal producto de la cuarentena. Sumado a esto, han señalado la imposibilidad de hacerse de los pesos que representan los títulos de deuda de la provincia que fueron “inducidos” a comprar. Es decir, si los municipios quisieran usar esos pesos para pagar los muy magros salarios no podrían hacerlo, ya que la provincia no tendría los pesos para cubrir esa deuda. Frente a esta situación, los intendentes proponen bajar los salarios y que la provincia emita patacones para hacer frente a otros pagos a proveedores y lo que pagarían a los trabajadores. La propuesta, por un lado, da cuenta de la situación de quebranto generalizado de las cuentas provinciales que son precedentes a la aparición del virus y el beneficio a los especuladores frente a las tremendas necesidades de la población bonaerense. Recordemos que hace algunos meses, Kicillof “amenazó” con no pagar el vencimiento de deuda, cediendo finalmente frente a los grupos de inversión capitalistas, en este caso, el fondo Fidelity.


Este reclamo de los intendentes es la continuidad de los choques y la crisis política con el propio Kicillof. Mediante estas exigencias y denuncias buscan que el gobierno nacional otorgue directamente a los municipios mayor presupuesto, “puenteando” al gobernador. Cualquier emisión de cuasimonedas de la provincia de Buenos Aires debería contar con el acuerdo del Tesoro nacional, ya que, luego de un período, deberían poder cambiarse por pesos. Por supuesto, la emisión de una cuasimoneda en la provincia más grande del país sería el comienzo de un “efecto dominó” de reconocimiento de quiebras provinciales y, finalmente, del default de las cuentas nacionales. Esta tentativa sigue siendo analizada en Chubut, que se encuentra en la primera fila de las provincias en quiebra.


La pandemia llega a la provincia donde las necesidades más elementales de un enorme porcentaje de la población se encuentran insatisfechas. La situación en los barrios levanta temperatura frente a la imposibilidad de realizar changas y ganarse el sustento cotidiano de miles de desocupados que pueblan los barrios bonaerenses. El 35% de la población no cuenta con cobertura de salud y es la más desprotegida frente al virus que amenaza en los barrios populares, donde las familias trabajadoras han sido forzadas a vivir en el hacinamiento. Sumado al intento de reducir drásticamente los salarios de los trabajadores municipales, el gobierno prepara un recorte salarial para los trabajadores en relación de dependencia, sumando nuevos beneficios a las patronales que ya cuentan con exenciones de todo tipo.


Más que nunca está planteada la organización del conjunto de los trabajadores de todos los municipios para rechazar cualquier recorte salarial. Está presente la necesidad de hacerle frente a quienes nuevamente pretenden descargar la crisis sobre los trabajadores. Repudio y no pago la deuda usurera provincial y nacional. Ningún recorte salarial. Centralización de todo el sistema de salud público y privado para atender las necesidades de toda la población.