Si se aprueba un proyecto de ley que Menem mandó al Congreso, “los trabajadores despedidos cobrarán mucho menos que lo que les correspondería con el actual sistema de indemnizaciones”(Clarín, 27/10). En promedio, la mitad de lo que recibirían con el actual sistema de indemnización por despido y seguro de desempleo.

La diferencia puede aún ser mayor, dado el carácter indeterminado del sistema que se proyecta, ya que el fondo de despido que prevé el proyecto será administrado por una AFJP, cuyas ‘inversiones’ en lugar de ganancia pueden dar pérdida, de modo que el trabajador corre el ‘riesgo’ de que su cuenta, en lugar de aumentar, disminuya.

Para peor, tampoco hay ninguna seguridad de que la patronal haga el aporte, ya que es sabido que la evasión es del 50%. Otro perjuicio es que mientras la actual indemnización debe ser pagada de inmediato, el trabajador despedido podrá disponer de su fondo, mensualmente, en cuotas de hasta la mitad de su sueldo. En resumen: el proyecto abarata el despido y lo convierte en totalmente incierto.

 Con papel y lápiz

 En la actualidad, ante un despido sin causa, el trabajador tiene derecho al preaviso, a una indemnización de un sueldo por año, no menor a 2 meses, y a cobrar un seguro de desempleo de 150 a 300 pesos durante 4, 8 ó 12 meses, según la antigüedad.

El proyecto de Menem reemplaza este sistema por un aporte patronal de un 4% a una cuenta a nombre del trabajador, que administrará, a cambio de una jugosa comisión, una AFJP. En caso de ser despedido, el trabajador cobrará una indemnización de un mes de sueldo hasta 5 años de antigüedad, y de dos sueldos si supera esos años, y tendrá derecho a retirar del fondo sólo la mitad de su sueldo hasta que se termine o encuentre un nuevo trabajo.

Si se compara el actual sistema y el que se quiere imponer, está claro que el trabajador pierde toda la indemnización, porque lo que podría retirar del fondo casi coincide con el actual seguro de desempleo.

La gran ventaja que tiene este proyecto para la patronal es que no le ocasionará ningún costo despedir a un trabajador de 10, 20 ó 30 años de antiguedad, incluso si el despido fuese “arbitrario” —algo prohibido por la Constitución. En este último caso podrá echar al trabajador si le da “un preaviso de uno o dos meses, según la antigüedad” (Página 12, 19/10).

El proyecto de Menem y Caro Figueroa dice que el fondo será obligatorio sólo para los nuevos empleos. Se pretende hacer pasar la ley con el cuento de que no afectaría a la mayoría de los trabajadores, porque siguen con sus derechos adquiridos intactos.

Pero hasta un tonto se da cuenta de que con el tiempo, los nuevos empleos desplazarán a los viejos y de que las patronales preferirán sustituir trabajadores con una relativa antigüedad. Pero los propios considerandos del proyecto prevén acabar en un futuro próximo con los ‘derechos adquiridos’, al decir que “resulta prudente que transitoriamente su aplicación tenga lugar sólo en el caso de las relaciones que se inicien a partir de la vigencia de esta ley”.

La burocracia sindical, sin embargo, ha saludado el proyecto antiobrero con el argumento de que no afectaría a los trabajadores que están trabajando, cuando sabe que esto es una media verdad y no importándole las condiciones de los futuros contratos de trabajo.

 Que se retire el proyecto

 Por eso, ni consenso ni discusión. Los proyectos antiobreros deben ser retirados del Congreso. Ese es el planteo del PO: organicemos la huelga general hasta que el gobierno retire todos los proyectos antiobreros del Parlamento. Nada de traficar con la indemnización y los convenios.