La jueza de primera instancia de Nueva York, Loretta Preska, dictaminó que el Estado argentino debe pagar unos 16.000 millones de dólares al buffet buitre Burford Capital, a raíz del proceso de expropiación de las acciones de Repsol en YPF.

La justicia estadounidense se arroga la potestad de fallar sobre la estatización de la mitad del paquete accionario de YPF, pues la empresa continúa teniendo la figura legal de una sociedad anónima que cotiza en la bolsa de Wall Street. En el medio del proceso de apelaciones correrán intereses por cerca de 1.500 millones de dólares por año. Así, el imperialismo se vale de la privatización, que mantuvieron todos los gobiernos, para saquear los recursos nacionales.

El fondo litigante Burford compró por unos u$s 15 millones al grupo Petersen de la familia Eskenazi, viejos socios del kirchnerismo (son dueños del Banco Santa Cruz), los derechos de demandar al país en los tribunales internacionales por supuestos perjuicios ocasionados con la expropiación de las acciones de Repsol, alegando que deberían haberle hecho una oferta por el 25% de las acciones de YPF que eran de su propiedad. Las malas lenguas hablan de una sociedad con Burford en la cual los Eskenazi cobrarían hasta un 30% de las indemnizaciones.

Hay que rechazar el fallo colonial de la Justicia yanqui sobre YPF, que engrosará aún más la deuda externa usuraria. Por eso más allá de lo que digan ahora, el fallo será reconocido y pagado tanto por Massa, Bullrich y Milei.

— Gabriel Solano (@Solanopo) September 8, 2023

El grupo Petersen había ingresado a la petrolera en 2008 a YPF valiéndose de créditos sindicados con bancos del exterior, que fue repagando con el giro de ganancias de la propia YPF; un fraude que fue adornado con el entonces relato oficial K sobre la “argentinización” de compañía. Por este mecanismo el grupo empresario fue socio menor de Repsol en el vaciamiento de YPF, que se manifestaba en una gran caída de la producción, la inversión y las reservas de hidrocarburos. Esto gracias a que el Estado les permitió girar dividendos al extranjero por encima de lo permitido, a costa de vaciar la empresa y el pago de la deuda que estos habían adquirido. El mecanismo se cortó cuando Petersen no pudo sacar más utilidades y fue a la quiebra.

En el momento de la expropiación el gobierno de Cristina Kirchner, a pesar que su entonces ministro Kicillof agitaba que no iban a pagar, finalmente le otorgaron a Repsol una indemnización usuraria, lo cual implicó que el Estado argentino se endeude por 6.000 millones de dólares.

Esta política no fue para recuperar la soberanía sobre YPF, como presentaba el kirchnerismo, sino para asociarse e impulsar la explotación de Vaca Muerta con empresas multinacionales, empezando por la yanqui Chevron, con la cual firmaron un convenio secreto con ventajas económicas como la posibilidad de burlar el cepo cambiario. Un negocio vigente hasta hoy. Fue una reprivatización que mantuvo a YPF como una sociedad anónima cotizando en la bolsa de Nueva York, de lo que hoy se vale el tribunal yanqui para esgrimir el fallo contra el país.

El caso de la petrolera nacional verifica que las privatizaciones, que hoy promueven Milei y la derecha, fueron en el pasado una vía libre a los negociados capitalistas a costa del desguace de las empresas, transfiriendo la factura a la nación y los consumidores mediante naftazos, tarifazos y fuga de capitales.

El fallo vuelve a poner de manifiesto la subordinación del régimen político argentino a la legislación y la jurisprudencia imperialista, que avala todas las maniobras fraudulentas del saqueo capitalista. Loretta Preska había ordenado a la Argentina que pague U$S 138,3 millones a bonistas buitres que compraron por centavos bonos de deuda defaulteada en 2001, para litigar contra el país. Es parte de toda una saga de juicios – sistemáticamente pagados tanto por los Kirchner como por el macrismo-, cuyos capítulos más salientes fueron los juicios de las privatizadas en el Ciadi (tribunal del Banco Mundial) y el fallo buitre del juez Griesa.

Hay que desconocer el fallo usurario y colonial de la jueza Preska; la Justicia norteamericana no puede seguir dictaminando sobre los sectores estratégicos de la economía argentina. En lugar de privatizaciones y reprivatizaciones hace falta una nacionalización de YPF, que deje de quedar a merced de los especuladores de Wall Street y sea puesta bajo control obrero, sin indemnizar a los vaciadores y gravándolos por los pasivos (incluidos los ambientales). Eso permitiría dar lugar a una política planificada en función de los intereses sociales y nacionales de Argentina, en el marco de un plan económico de la clase obrera para terminar con el saqueo y reorganizar al país sobre nuevas bases.

https://prensaobrera.com/internacionales/brics-mundo-multipolar-y-nuevo-orden-internacional