La acusación de la ONG La Alameda contra el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni -por alquilar propiedades a su nombre para que funcionen como prostíbulos- añade otro episodio a la crisis política del oficialismo. La Alameda ha ganado su reputación como luchadora contra el trabajo esclavo y la trata de personas. Ultimamente, se la ha vinculado con el obispado de Buenos Aires, o sea a la oposición destituyente, pero Gustavo Vera ha sido anunciado como orador en un evento oficialista promovido por el moyanista Juan Carlos Schmidt y por los ‘piqueteros’ oficialistas de Pérsico. Zaffaroni ha reconocido que la imputación es correcta en el caso de seis propiedades, pero alega que ignoraba el uso de ellas, que había confiado la gestión de las mismas a una inmobiliaria y se manifestó dispuesto a concurrir a una interpelación del Congreso. Zaffaroni es un juez garantista, que ha sostenido que la protesta social no puede ser juzgada con el Código Penal.

En el marco de la lucha contra la trata de personas, incluso si Zaffaroni prueba su desconocimiento de los hechos que se le imputan, carga con una responsabilidad política innegable: no puede esgrimir ignorancia en su condición de miembro de la Corte Suprema por una omisión larga en el tiempo. La oposición derechista ha reaccionado con ‘prudencia’, pero es claro que lo hace en función de dejar que el asunto se cocine hasta el punto de cocción. La posición de Duhalde, por ejemplo, de amnistiar a los genocidas choca con la Corte, que ha calificado de lesa humanidad e imprescriptible a los delitos contra las personas cometidos por la dictadura. El régimen judicial imperante confiere al Congreso la responsabilidad de la destitución de un juez de la Corte -o sea que lo convierte en pieza de la pugna política entre las fracciones capitalistas. Otra cosa sería si los jueces fueran elegidos por sufragio universal, porque, en ese caso, el juicio a Zaffaroni quedaría en manos del pueblo. Lo que está en juego con Zaffaroni no es solamente su responsabilidad penal, sino su responsabilidad política.