El escándalo por los seis departamentos de propiedad de Zaffaroni -que eran alquilados para ejercer la prostitución y, presuntamente, para cometer delitos de explotación sexual- está siendo manejado con una extraña prudencia por parte de los círculos opositores. El oficialismo apoya al juez de la Corte con toda la furia.

Zaffaroni ha basado su defensa en dos ejes. Esencialmente, que él no es responsable, que no tuvo nunca relación alguna con los inquilinos, que eso era responsabilidad de su apoderado legal y que la responsabilidad tampoco sería de éste, sino de una inmobiliaria que contrató con los regentes de los prostíbulos. El segundo eje es denunciar una campaña de “amarillismo” mediático con fines políticos.

Si bien se ha desplegado una fuerte campaña de ataque contra el ministro de la Corte, de la cual el Partido Obrero no es parte, no faltaron voces como la de Nelson Castro que valoró su “independencia por su fallo en la cautelar de la ley de medios”. Alfonsín, que en un primer momento salió a pedir la renuncia, luego se desdijo.

Independientemente de que Zaffaroni pruebe o no su inocencia en términos penales, el tema es serio en términos políticos. Miles de mujeres, niños, jóvenes e inmigrantes son secuestrados y sometidos a diario a la esclavitud sexual y laboral por las redes de trata de personas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Esta trama de crimen organizado se desenvuelve junto con el desarrollo del boom de la soja, que no solamente alimenta la especulación inmobiliaria y el turismo, sino también el negocio del juego legal y clandestino -que es la vía por la que se blanquean los fondos obtenidos ilegalmente. Las redes de trata no pueden prosperar sin la anuencia y participación de los aparatos de seguridad (que abarcan una amplia gama de delitos, que van desde el narcotráfico a las “zonas liberadas” para la venta de armas).

Tampoco puede prosperar sin la complicidad del Poder Judicial y del poder político. El primer departamento denunciado es parte de una lista de más de 600 que fueron presentados por La Alameda a la Justicia en 2009. ¿Por qué ningún fiscal investigó la lista? ¿Por qué ninguna investigación policial dio cuenta de esta situación? Es claro que a la Corte Suprema, como órgano máximo de la Justicia nacional, le correspondería una fuerte responsabilidad política por esta denuncia.

El hecho, al igual que el escándalo de Schocklender, es un golpe a la línea de flotación del gobierno, dadas las simpatías políticas recíprocas. El gobierno promovió la votación en el parlamento nacional de una ley contra la trata, cuando ésta ha progresado a pasos agigantados en sus dos mandatos.

El acuerdo contra la trata de personas, firmado el 3 de agosto último entre el gobierno y la Corte, sin la presencia de Zaffaroni, es un acuse de recibo del golpe recibido. Sin embargo, los “programas de capacitación” y los “protocolos de investigación” para la Justicia y las 53 comisarías de la Federal anuncian un nuevo fracaso en la materia.

La derecha aprovecha el escándalo con un argumento muy fuerte, que no puede ser rebatido políticamente con una invocación al derecho contractual. Este enorme episodio pone de relieve el carácter reaccionario del Poder Judicial y de la Corte, que goza de inamovilidad y que opera como instancia constitucional última para proteger la propiedad privada de los medios fundamentales de producción y de la intangibilidad del aparato del Estado. Lo prueba su cerrada negativa a adoptar la llamada ‘class action’, que permitiría a los jubilados afectados obtener el beneficio de la movilidad de sus haberes, congelados por Cavallo y por Kirchner entre 1994 y 2009.

La ley contra la trata no apunta a desmantelar a las fuerzas de seguridad implicadas -y hasta copadas- por el delito organizado, sino a “entrenarlas mejor” -lo cual anuncia la profundización del flagelo y nuevas crisis políticas.