La desidia con la que los funcionarios de Cornejo tratan el colapso del zoológico es alarmante, dicen que la única vía para evitar la muerte de los animales es la aprobación del proyecto de ley de construcción del ecoparque. Este implica el cierre del zoo y el envío de los animales exóticos a "otros lugares", la castración e incluso la eutanasia (luego de los cuestionamientos de organizaciones científicas, eliminaron esta última palabra del proyecto). 

Algunos grupos que dicen defender los derechos de los animales han impulsado este proyecto, pero participan del negocio de granjas privadas y, se sospecha, de cotos de caza. Sobre esto no hay ningún tipo de control. En los últimos meses no han ingresado animales al zoo, lo que es inusual, y se confirmó que varios animales del cerrado zoo de San Rafael, entre ellos un águila en peligro de extinción, fueron a dar a una reserva de la Fundación Cullunche en San Carlos, violando toda la legislación sobre el tema.

En este contexto se ha producido la muerte masiva de animales, y desde el gobierno se pretende responsabilizar a "los trabajadores sindicalizados, que se la pasan haciendo denuncias en vez de trabajar" (Mariana Caram, Directora del zoo).

Efectivamente, son los trabajadores representados en ATE los que desde hace años vienen denunciando el abandono y desfinanciamiento, que hoy la gestión de "Cambia Mendoza" ha llevado a límites increíbles.

Una primera oleada de animales muertos alertó sobre el proveedor de fardos de pastos, a través de los cuales se habría producido una intoxicación, el gobierno no solo no cambió de proveedor, sino que durante semanas no proveyó de alimento balanceado a los animales. Tampoco construyó ni amplió los recintos para la adecuada permanencia de distintas especies que ahora frente a las lluvias se encuentran abarrotadas en el barro, lo que impide que se puedan alimentar adecuadamente y se producen muertes por los escasos recursos para sobrevivir.

Desde diciembre se encuentra rota la puerta del frigorífico donde se guardan los alimentos perecederos. En los últimos 6 meses han muerto por causas evitables cerca de 60 animales.

El gobierno ha impedido el ingreso del público, pero permite el ingreso de grupos pro-ecoparque para provocar a los trabajadores. Los trabajadores están en pie de guerra en defensa de los animales.

En la legislatura hemos presentado un pedido de informe y en los próximos días presentaremos dos proyectos de ley. Uno para la creación del BioParque como unidad científica que significa un hospital, refugio y preservación de especies en peligro de extinción. El otro para prohibir los cotos de casa y limitar las granjas privadas. Tambien exigimos la renuncia de los funcionarios del área.

Repudiamos las acusaciones contra los trabajadores que son los que día a día ponen su empeño, muchas veces sin tener siquiera los elementos de bioseguridad adecuados, y acompañamos sus denuncias y su lucha para que se destinen los recursos presupuestarios necesarios para poner fin a esta masacre de animales.