Por pan, trabajo y vivienda

El 29 de mayo, marchamos al Gobierno de la Ciudad

Ibarra afirma que no se «cavallizó». Pero lo cierto es que viene llevando al pie de la letra el objetivo de que Buenos Aires sea «la capital financiera del Mercosur», una ciudad para especuladores y banqueros.

Se han intensificado los desalojos. Centenares de familias han sido expulsadas de las casas que ocupaban, muchas veces sin orden judicial, por propietarios y especuladores inmobiliarios con patotas o apañados por la policía. Actualmente, hay 477 desalojos en trámite. Las familias extranjeras ni siquiera tienen el derecho a ir a parar a los hoteles de «promoción social». Duerman a la intemperie.

A quienes habitan en los complejos habitacionales, el gobierno quiere imponerles escrituraciones con cláusulas de ajuste de la deuda e hipotecas «negociables», es decir, ejecutables.

En la ex traza de la AU 3 está en marcha un megaproyecto inmobiliario que convierte al corredor en una zona residencial, con casas caras e inaccesibles para sus actuales moradores.

Los habitantes de la Villa 31 enfrentan el llamado Fondo Especial Padre Mujica, fogoneado por especuladores como Soros. Promueve la erradicación progresiva de la Villa en aras de lucrativos emprendimientos inmobiliarios.

La Capital «turística y financiera» de Ibarra-Cavallo, lleva a la expulsión de miles de familias villeras, ocupantes precarios e inquilinos.

Los desocupados

La lucha por la vivienda se vincula al combate por el salario y contra los despidos y la desocupación. Sin trabajo y con salarios de miseria, ni los escasos créditos asignados a la «vivienda social» se pueden pagar.

El gobierno de la Ciudad ni siquiera cuenta con una Secretaría de Trabajo, encargada de atender los reclamos de empleo. En la Capital, sin embargo, hay 300.000 desocupados. Los ínfimos recursos que se destinan a puestos de trabajo (unos 5.000) van a parar al aparato radical de Franja Morada o a las ONGs. Este escándalo desnudó el fraude de la privatización de la asistencia social.

Ibarra propone entregar «planes» a las empresas para precarizar aún más las condiciones de trabajo, desconocer los convenios y habilitar a las patronales a contratar mano de obra descartable por 160 pesos. Una parte de los propios empleados de la Ciudad trabaja en «negro». La ley de Empleo Público suprime la estabilidad y contempla la supresión de los estatutos especiales, empezando por el estatuto del docente.

Esta política «negrera» ya se ha cobrado sus víctimas fatales: centenares de docentes, gravemente enfermos, fueron obligados a volver a trabajar.

El 29 de mayo vamos a marchar contra todo esto: que se suspendan los desalojos; que se titularicen las viviendas a favor de sus ocupantes actuales; por planes de contrucción y autoconstrucción de viviendas, que resuelvan la situación de los sin techo, destinando a ello el 10 por ciento del presupuesto de la Ciudad (300 millones).

El 29, vamos a exigir la derogación de las leyes que propician los despidos y a reclamar un salario mínimo de 600 pesos por una jornada de 8 horas.

Vamos a reclamar un plan de empleo para los 300.000 desocupados mediante la distribución de las horas de trabajo y un plan de construcción de viviendas populares.

Vamos a reclamar un subsidio de 500 pesos a todos los desocupados bajo el control de las organizaciones de desocupados.

Con esta convocatoria, los trabajadores de la Capital nos sumamos a los piquetes de Salta, La Matanza, Jujuy, Tucumán y Neuquén; a los trabajadores de Aerolíneas, a los municipales santafesinos de Capitán Bermúdez, a los mineros del Turbio, a los trabajadores gráficos de Recali-Agropa, a los obreros neuquinos de la fábrica Zanón y a los de Luz y Fuerza de Córdoba.

Los ocupados, desocupados y sin techo no podemos ya ser masa de maniobra ni furgón de cola de nadie.

El 29 de mayo, vamos por lo nuestro.