fbnoscript
21 de junio de 2017

Córdoba: continúa la lucha por la reincorporación de los choferes despedidos

Abajo la reacción política y burocrática en la UTA.
A pesar de las maniobras del empresariado, el gobierno y la burocracia de la UTA contra las y los choferes que protagonizaron la gran huelga del transporte cordobés, la pelea por la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y en defensa del salario no ha terminado.
 
Pese a que la huelga culminó debido a la militarización impuesta por el Estado –que usó gendarmes para sacar los colectivos a la calle–, a las maniobras internas de una parte del cuerpo de delegados ligada a la burocracia sindical, y a las provocaciones del mismo Ministerio de Trabajo, los trabajadores decidieron nuevas medidas de lucha que comenzarán a tomarse a partir de este jueves 22.
 
Los choferes enfrentan la provocación de la UTA nacional para dividir y desarmar la organización de los trabajadores cordobeses. Con la participación de las viejas fracciones burocráticas locales, la burocracia planteó la siguiente extorsión: que iba a “reclamar” la reincorporación  de los despedidos si renunciaban los delegados y particularmente las compañeras de trolebuses, Sonia Beas y Erica Oliva. Sin embargo, en las diversas líneas y el trolebús la maniobra causó malestar cuando no el rechazo llano de los trabajadores.  
 
La enorme huelga de la UTA Córdoba demostró el camino a seguir por los trabajadores ante el ajuste capitalista. Cansados de incumplimientos salariales que se vienen imponiendo desde hace quince años y de las entregadas de todas las conducciones burocráticas de seccional, las trolebuseras y choferes se rebelaron. La huelga se impuso desde las bases, como así también la movilización y la asamblea general. En nueve días, los trabajadores desplegaron todos los métodos de lucha del movimiento obrero y golpearon duro contra los empresarios, la burocracia sindical y el Estado. La desorganización del gremio a la cual había sometido la burocracia sindical, dio lugar a la participación activa de los afiliados, a la defensa de los reclamos legítimos, a la democracia obrera, y a la aparición del activismo como dirigente del movimiento de los choferes y particularmente las mujeres de trolebuses. Cuando los sindicatos y las centrales obreras se presentaron a brindar su apoyo, los choferes les reclamaron que decreten el paro provincial.
 
Los empresarios, la burocracia sindical y el Estado capitalista visualizaron que los trabajadores se habían rebelado por todos sus derechos, y que reconocer esos reclamos significaba admitir en los hechos la recuperación del sindicato de UTA para los trabajadores y una señal para todo el movimiento obrero de la provincia e incluso del país, que se podía derrotar el ajuste con la acción directa de los trabajadores. Así las cosas, el trío estatal-patronal-burocrático improvisó una semana después del inicio de la lucha una salida represiva, por medio del “plan de emergencia” de Mestre, que constaba de montar un operativo paralelo armado con carneros contratados al efecto y con la ciudad militarizada por la infantería provincial y la gendarmería nacional. Aun así, la burocracia sindical de las dos CGT tampoco decretaron el paro provincial.
 
La UCR lanzó como consigna contra el derecho de huelga la defensa de los “servicios esenciales” y presentó la iniciativa en el congreso nacional, sin que se reuniera quórum para su tratamiento. Sin embargo, el gobierno de Schiaretti impuso en la Legislatura de Córdoba una ley que declara al transporte como “servicio esencial” y abre el camino para que cualquier actividad o servicio pueda ser declarado en los mismos términos. Se legisla para limitar y suprimir el derecho a huelga y, con ello, el derecho a luchar del movimiento obrero. Esa legislación se realiza sin competencia, pues el derecho sindical es materia federal, y en la más absoluta arbitrariedad e ilegalidad, puesto que el derecho de huelga está garantizado constitucionalmente. Esa línea antiobrera del PJ y la UCR, acompañada por el PRO y el juecismo, fue denunciada y rechazada en la propia sesión parlamentaria, por los legisladores del Frente de Izquierda.
 
 

Hay que rechazar todas las maniobras que apuntan a despedir a los compañeros y con ello destruir la organización obrera que ha irrumpido en Córdoba. Es necesario establecer en forma inmediata un plan de lucha por la reincorporación inmediata, con fondo de lucha incluido, que convoque a la movilización a los trabajadores a nivel provincial y nacional, y reclamar a las CGT y CTA que se decrete el paro provincial. Luego de la reincorporación de los compañeros, se luchará por la defensa del salario y la aplicación de las actas anteriores y derechos adquiridos  y las elecciones democráticas del sindicato. Es necesario que el enorme activismo de la UTA que llevó adelante la huelga general se unifique en una agrupación clasista, para garantizar el triunfo de esta lucha y preparar las luchas que se vendrán contra el ajuste capitalista. La lucha de UTA debe defenderla todo el movimiento obrero. UTA somos todos.

En esta nota:

Compartir

Comentarios