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22 de enero de 2018

Los desmontes ilegales del primo de Marcos Peña en Salta

Con la venia del gobernador peronista Urtubey, Alejandro Braun Peña arrasó con 400 hectáreas prohibidas solo en 2018.
Por Arturo Borelli
diputado provincial por el PO

2018 empezó con un nuevo e importante desmonte ilegal en Salta, autorizado por el gobernador peronista Juan Manuel Urtubey y en beneficio del empresario Alejandro Braun Peña, primo del jefe de gabinete Marcos Peña. La tala se extiende a lo largo de la finca Chuchuy, a 70 kilómetros de Tartagal, en el extremo norte de la provincia.

Sólo en Chuchuy se ha permitido al empresariado avanzar sobre 8.962 hectáreas prohibidas, y en lo que va del año Braun Peña arrasó 400 de estas.

Pese a que es una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), Urtubey, pasando por encima de la ley nacional, autorizó mediante los decretos 2211/10 y 1136/11 realizar recategorizaciones prediales en un total de 32 fincas, habilitando avanzar con desmontes sobre un total de 144.984 hectáreas protegidas: siete veces la ciudad de Buenos Aires. En 2014, Urtubey se vio obligado a derogar esos decretos ilegales, en el marco de una gran presión política nacional, pero la deforestación continuó –de hecho, Braun Peña ha salido a responder a las denuncias de Greenpeace apoyándose en los permisos dados por Urtubey que emanan de esas normativas derogadas.

Para todos esos desmontes Urtubey contó con la venia de CFK, que no tomó cartas en el asunto pese a la violación de una normativa nacional.

Además de contar con los servicios del “rezonificador” Urtubey, Braun Peña es socio nada menos que de Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica de la Nación. Juntos son dueños de la finca en cuestión y también forman parte del directorio de varias empresas, como Salta Cotton, Latin Bio, Cremer y Asociados, Hierros S.A. y Sideco Americana. Estamos ante un empresario ligado a las altas esferas del poder, que amenaza con acciones judiciales a Greenpeace mientras es él quien se mueve en la más absoluta ilegalidad, contando con el apoyo del régimen político. La Sociedad Rural Salteña, el romerismo local a través de su diario, la Seabord Corporation (dueña del ingenio El Tabacal), vienen haciendo campaña por la recategorización de 400.000 hectáreas en el Chaco salteño para habilitar su explotación.

Urtubey y Macri se han posicionado claramente a favor de la modificación de la ley de bosques para arrasar el Chaco e ir a fondo con su sojización/desertificación. Además del daño irreparable al medio ambiente que esto implica, comporta una destrucción total del hábitat de decenas de comunidades originarias, acorraladas por el avance de la frontera sojera. Desde el Partido Obrero exigimos –como lo colocamos en un proyecto de ley presentado por nuestros diputados– la moratoria general de desmontes y una revisión general del uso del suelo en la provincia, a cargo de una comisión independiente de científicos y técnicos con intervención y derecho a veto de las comunidades aborígenes y campesinas.

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