La enorme movilización que tuvo lugar el 25 de agosto pasado en Rosario, bajo el lema “Rosario sangra”, que reclamó respuestas frente a un nuevo recrudecimiento del delito y los asesinatos en la ciudad, provocó una serie de iniciativas por parte del gobierno del Frente Progresista y de la coalición Cambiemos.

 

El Concejo Deliberante de Rosario declaró la emergencia en seguridad, que se centraría en impulsar “mayores controles y exigencias para armerías, desarmaderos, locales de venta de celulares”, y se completaría con el consenso de “facultar a la intendenta para nombrar jueces de Faltas subrogantes, ante el incremento de los operativos en la vía pública” (La Capital, 1°/9).

 

Este plan, consensuado por los presidentes de los 18 bloques del concejo, apunta a un mayor control sobre el chiquitaje. La intendenta Mónica Fein argumenta que las esferas del comercio minorista que se busca regimentar están, en muchos casos, ligadas al delito callejero, con lo cual reconoce que la inseguridad ciudadana está organizada como un gran negocio de abajo arriba y que rinde grandes beneficios. Sin embargo, al apuntar a un mayor control sobre la ciudadanía ,busca encubrir a los verdaderos organizadores de este negocio y sus mayores beneficiarios: las fuerzas de seguridad, principalmente las comisarías de policía.

 

En simultáneo, el gobernador Lifschitz y la ministra Bullrich anunciaron un “megaplan” contra la inseguridad que tiene como primer punto la saturación (¡!) de los barrios obreros con 3.000 efectivos de la Gendarmería.

Las iniciativas tienen como objetivo llegar a un profundo control social, a la vez que dejan intacto el entramado del narcotráfico y el delito. De este entramado son parte las fuerzas de seguridad y las distintas camarillas capitalistas -como los concesionarios de los puertos, los bancos o los empresarios del juego. Los altos niveles de delitos tienen como sustento esta estructura.

 

Las fuerzas de seguridad federales ya fueron enviadas el año pasado, la tan mentada “saturación” no sirvió para nada. 

 

Hay que ir a la raíz del problema: estatización de los puertos para cortar con el gran comercio de droga que se produce en el Paraná; la estatización de la banca y del juego para terminar con el lavado del dinero proveniente del delito; un plan de obras e industrialización que emplee a la población desocupada; en lo inmediato, el control popular sobre el accionar policial, apertura de los libros y la destitución de los policías implicados en el delito organizado.

 

La lucha contra el narcotráfico y el delito organizado es, además, una lucha contra el ajuste. La trama empresario-estatal que organiza el delito recluta su mano de obra en las capas más pobres de Rosario, la ciudad con el índice de desempleo más alto del país, que priva a una parte grande de la población -sobre todo los jóvenes- de los medios para sobrevivir. La defensa de las condiciones de vida de la población obrera debe servir como barrera de contención para impedir su manoseo y manipulación por parte del Estado descompuesto y sus fuerzas de seguridad.