En su última sesión de 2015, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó la formación del ESyOP, un organismo autárquico destinado a crear una municipalidad paralela de tercerización, privatización y negociados. La aprobación, que necesitaba mayoría de las 2/3 partes de los concejales, vino de la mano de los concejales radicales más el apoyo de la bancada del PJ, que comanda la esposa del gobernador Schiaretti. Previo a la aprobación, tuvo lugar una audiencia pública donde se presentaron a defender enérgicamente el “ente”, todas las cámaras empresarias, entre las que se destacaron la Cámara de Desarrollistas (especuladores), de Comercio, de la Construcción y el Cluster tecnológico.

El pacto Mestre-Schiaretti, que apoya la clase capitalista, tiene como objetivo la participación de todos ellos en el desenvolvimiento operativo del “ente” -es decir en los grandes negociados que se preparan. Justifican al “ente” con la supuesta obra pública que se financiaría con empréstitos internacionales; sin embargo, han tenido que reconocer que será la Municipalidad la que tomará la deuda y luego transmitirá esos fondos al “ente”.

En ese sentido, la ordenanza establece que el ESyOP podrá adquirir, vender o ceder toda clase de derechos, acciones, moneda extranjera y valores. Es decir que el ente será una financiera.

Hay que recordar que el año pasado estalló el escándalo de la financiera CBI que involucró a Mestre y De la Sota, cuando apareció muerto en su camioneta el vicepresidente de esa entidad financiera.

Los municipales se han lanzado con todo a la lucha por la derogación del ente. Se han realizado asambleas diarias en todas las dependencias y dos asambleas generales con miles de compañeros.

La conducción del Suoem, integrada por varios radicales, que en un principio planteó que se aceptara el ente con un director del sindicato, ahora cambió de posición. Pero ha levantado las reuniones del cuerpo de delegados, instancia donde perdió la aprobación del ente y donde se decidió un plan de lucha, para que no tenga continuidad hacia el paro y la huelga general. Igualmente son muchas las dependencias que se encuentran sin trabajar.

La conducción también convocó a una audiencia pública del Suoem, donde se hicieron presentes abogados constitucionalistas, algunos sindicatos, algunas agrupaciones kirchneristas y el PO. Se decidió la conformación de una multisectorial contra el ente.

Esos kirchneristas rechazan el ente, pero no impulsan la movilización obrera y mucho menos la huelga. Pretenden establecer alguna iniciativa de oposición a Macri-Mestre, pero ello no va a proceder porque el kirchnerismo tiene el mismo programa que el macrismo y, además, la mayoría de los kirchneristas cordobeses ya se fueron con Schiaretti, lo que dio como resultado los acuerdos cerrados por los legisladores K en la Legislatura provincial.

Frente a la lucha, Mestre ha diseñado un plan de regimentación contra los municipales. Se preparan descuentos de más del 40% de los salarios y se envió un proyecto al Concejo Deliberante para limitar las asambleas a 45 minutos.

Ya antes se había aprobado un Código de Convivencia municipal, con el objetivo de restringir las movilizaciones. Al ataque se sumó el ministro de Trabajo provincial, Adrián Britos, hombre de la CGT regional, quien manifestó que no se afectan los derechos de Suoem y que se está haciendo un ejercicio abusivo del derecho de huelga, lo que anticipa una intervención provincial para defender el ente por medio del Ministerio de Trabajo (conciliación obligatoria) y las fuerzas represivas.

El triunfo de la lucha de los municipales es central para frenar el ajuste capitalista, que en este caso significa un cóctel de endeudamiento, privatización, tercerización, negociados y precarización laboral. Necesitamos que se ponga en marcha un plan de lucha de paros escalonados y la huelga general para terminar con el ente.

El cuerpo de delegados del Suoem debe reunirse para llevar adelante este plan y unificar todas las medidas de lucha que surjan desde las asambleas de base. La movilización del Suoem debe estar acompañada por el pueblo trabajador; en primer lugar, por los sindicatos y la CGT. Para ello es necesario establecer una lucha conjunta que puede comenzar con una gran marcha contra la privatización y el ajuste.