El intendente radical Marcelino Iglesias, de la ciudad de Guaymallén, Mendoza, está usando las revelaciones sobre la corrupción y el desfalco causado por el ex intendente peronista, Luis Lobos, para descargar un brutal ajuste sobre los trabajadores del municipio. Aun así, no se ha modificado en nada la cooperativa de beneficios mutuos armada entre los concejales de la UCR, el FpV y el Partido Demócrata.

 

El reciente acuerdo firmado entre el intendente, el secretario de Gobierno y la interventora del sindicato municipal, es un golpe a los trabajadores municipales, ya que en el convenio -casi secreto- se ha establecido el otorgamiento de miserables 315 pesos al básico en la categoría inicial, y se pone como piso 4.900 pesos de salario mínimo. Esto, sumado a que Iglesias ha reducido las mayores dedicaciones y ha congelado las recategorizaciones, empuja el salario a un nivel muy por debajo del costo de la canasta básica familiar (que lleva un aumento del 30% en lo que va del año).

 

Asimismo, la emergencia económica (votada por los bloques de la UCR y PJ) se ha volcado sobre las espaldas de los trabajadores y los vecinos del municipio, mientras se siguen garantizando los beneficios y ganancias de las empresas privadas que operan en la comuna, como Santa Elena en la recolección de residuos.

 

Esta se hizo con un botín de 168 millones de pesos por un contrato de tres años para la limpieza de sólo tres distritos de los 21 que existen en departamento.

También son suculentas las ganancias de una decena de contratistas de la obra pública: es el caso de la empresa constructora Brizuela y Villafañe (ByV) que se hará con 12 millones de pesos por una obra de adoquinado y colocación de luminaria en un tramo de la calle Azcuénaga (según informa el diario Los Andes).

 

Los reclamos de los trabajadores, como el pase a planta permanente, las recategorizaciones, el salario igual a la canasta familiar y la integración al sueldo de los diferentes ítems no incorporados, son reclamos justos, que seguiremos defendiendo tanto dentro del Concejo (proyecto de prohibición de despidos, salario igual a la casta familiar, etc.) como fuera del mismo.

 

Marcelino Iglesias, el intendente “anticorrupción”, manipula -como parte de su coartada para aplicar el ajuste- la fuerte acción de denuncia de nuestro concejal Federico Telera, que llevó a que el ex intendente Lobos esté procesado y al borde de prisión. Alertamos al pueblo de Guaymallén que es un operativo para encubrir la descarga del vaciamiento del municipio sobre los trabajadores y los vecinos.

 

Alertamos también que el intendente Iglesias bravuconea para esconder que gobierna con el mismo Concejo Deliberante que era socio en la “cooperativa” de Lobos, y que muchas de las empresas que se beneficiaron con Lobos lo siguen haciendo con “Cambiemos”. Cayó Lobos, pero la “cooperativa” está intacta.

 

Exigimos que se hagan públicos las cuentas, los acuerdos, convenios y los libros contables del municipio. También el balance económico de toda la gestión anterior y la actual.

 

Exigimos la suspensión de todas las tercerizaciones, que sus trabajadores sigan en sus puestos de trabajo y que las máquinas, camiones y herramientas queden a disposición del municipio para garantizar los servicios.

 

Los últimos seis meses de emergencia han servido para reordenar la “cooperativa”. Una auditoría integral, a cargo de trabajadores y vecinos, pondría de manifiesto el desfalco que perpetraron en todos estos años.

 

Y abriría paso a una reorganización del destino de los fondos, como es el caso de la obra pública, para que dé solución a la necesidad de vivienda digna y la falta de los diferentes servicios que aqueja a la mayoría trabajadora, ejecutada por el municipio sin intermediarios que se sigan llenando los bolsillos.