Por 53 votos a 1, el nuestro, del Partido Obrero, se aprobó la intervención al poder ejecutivo municipal de Salvador Mazza en cabeza del intendente Rubén Méndez. Todo el arco político desde el saencismo y el FdT, hasta la UCR, el olmedismo y Juntos por el Cambio se sumó a este operativo de encubrimiento que encabezará el interventor .

Bastaron 48 horas para que Adrián Zigarán designado para el cargo, confirmara en todos sus términos nuestros argumentos expuestos en el debate, al decir que su función no va a ser “la de un sheriff” para investigar nada, sino apenas administrar la municipalidad, para que las calles estén limpias y las luces se prendan. Cuando se le consultó sobre la fortuna de Méndez afirmó “que es un empresario próspero desde hace mucho tiempo”.

Al inicio de la sesión se rechazó el tratamiento de dos proyectos de Resolución que presentamos desde el PO que reclamaban por un lado la renuncia del intendente y que se habilite el control de las cuentas públicas por una comisión electa por los vecinos y por otro que se forme una comisión investigadora parlamentaria sobre las responsabilidades de todos los organismos del estado en relación al contrabando, el narcotráfico y la trata de personas.

 

Méndez quedó en evidencia como cabeza de un régimen que maneja una suerte de aduana paralela por donde, entre otras cosas, se contrabandean camiones con acoplado llenos de soja, además de recaudar tasas municipales en su propio beneficio. En múltiples allanamientos se le secuestró cerca de un millón de dólares y 4 autos de alta gama. Se trata de la continuidad de un régimen en el que todas las instituciones están inficionadas por los negocios mafiosos como el narcotráfico, desde hace muchos años. En este cuadro, los crímenes por la disputa del botín están a la orden del día.

El debate

En la sesión denunciamos que se pretende eludir la cuestión fundamental que es desarmar el entramado mafioso y su amparo por el Estado que facilita el contrabando multimillonario, multiplica el narcotráfico, es responsable de numerosos crímenes y siembra la miseria social que obliga a los desocupados a trabajar como pasadores. Con la intervención llega un hombre de Sáenz a reemplazar a otro del mismo palo y se violenta el derecho de los vecinos a decidir ellos quién debe gobernar el municipio. La intervención es un acto despótico y además anticonstitucional ya que la ley extiende el mandato del interventor por los próximos 2 años y dos meses cuando el limite máximo solo puede ser de 12 meses.

De este modo queda en evidencia el fraude de la convención constituyente que está sesionando en la que Sáenz se presenta como el democratizador del viejo régimen y que busca una norma en la que el poder se “autolimite”. La intervención votada, además de ser rechazada por una parte muy importante del pueblo, deja nulo el proceso de destitución de Méndez que se estaba desarrollando en el concejo deliberante, y donde el ahora exintendente puso de testigos de parte para su defensa nada menos que a tres miembros del gabinete de Sáenz. Para el continuador del régimen de Romero y Urtubey, cuando se trata de defender a las mafias que pueden terminar convirtiendo a Salta en lo que hoy es Rosario de Santa Fe, no hay democracia que valga ni constitución que deba respetarse.

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El gobierno llegó al bochorno de mandar un proyecto de ley que ni siquiera vino acompañado por fundamentos por escrito y logró su sanción en el tiempo récord de 5 días en ambas cámaras. Fue evidente el propósito de correr el tema del debate público, por eso también rechazaron enfáticamente que se forme una comisión investigadora parlamentaria que se instale en el lugar y facilite que todo el pueblo lleve sus testimonios, se hagan públicas sus conclusiones y exija las medidas políticas y judiciales que correspondan.

La posición del PO tuvo gran repercusión en los medios y nuestra intervención en la sesión fue reproducida en numerosos medios de Salvador Mazza y el norte provincial en donde es generalizado el rechazo a la intervención. Hemos defendido nuestra tradición histórica como única oposición popular al régimen oligárquico y mafioso que gobierna Salta. Buscamos con nuestra intervención alentar a los trabajadores de la zona a que intervengan con sus métodos y un programa propio en esta gravísima crisis política empujada por la descomposición del régimen.