16/10/2021

Salta: intervienen la Municipalidad de Salvador Mazza tras allanamientos al intendente

Atropello a los vecinos y nuevo episodio de encubrimiento del Estado narco contrabandista.

Gustavo Sáenz y Rubén Méndez

Somos parte de la población indignada por el resultado de los allanamientos realizados al intendente Rubén Méndez, del municipio salteño de Salvador Mazza. Tenía en su domicilio 200 millones entre euros, dólares y pesos, vehículos importados de alta gama, y además del dinero físico sin declarar tiene otros tantos millones bancarizados. Su abogado explicó en los medios que es producto de su trabajo como comerciante de frontera. Y pensar en que en 2017 fue denunciado por violencia de género y por no cumplir con la cuota alimentaria de sus hijos.

Este descubrimiento repentino se agrega a la existencia comprobada de una caja paralela de recaudación de tasas municipales, y sobre todo de una suerte de aduana paralela a través de un paso fronterizo que habría sido construido por la propia administración de Méndez hace bastante tiempo.

El contrabando en general, pero en particular el contrabando de granos, seria la actividad principal. La fiscal que interviene dice que no va a intervenir en los delitos federales como el contrabando y eventualmente el narcotráfico. Es de público conocimiento que el contrabando de granos suma volúmenes enormes y compromete a grandes productores, que colocando su producto en Bolivia o en Paraguay llegan a duplicar el valor de su producción con una enorme evasión fiscal, esto en un país con la mitad de la población en la pobreza.

Tendríamos una frontera por donde se realizan tráficos multimillonarios, “regenteada” por Méndez con la indispensable complicidad de todos los poderes del Estado, en primer lugar de la Gendarmería y la Justicia.

Que Méndez haya sido primero candidato del “opositor” Leavy, luego del oficialista Sáenz, y que ahora haga campaña por Estrada, el candidato único de Fernández y Sáenz, revela hasta donde debe llegar el compromiso del Estado con toda esta multimillonaria corruptela organizada. Las andanzas de Méndez fueron denunciadas todos estos años, e incluso el Concejo Deliberante llegó a destituirlo, pero el trámite que quedó frenado por la Corte de Justicia. Su impunidad viene de muy atrás.

¿Hace cuantos años ocurre todo esto? Mucho tiempo, evidentemente.

La media sanción de la intervención al intendente, votada en pocas horas por el Senado (el mismo día que asumía la presidenta del Concejo ante un pedido de licencia del intendente) nada tiene que ver con una decisión política de un poder del Estado para desarmar la trama del delito.

Esa es la experiencia de la intervención al intendente Villalba en el mismo pueblo, cuando fue hallado en un prostíbulo e imputado por trata de personas y por malversación de fondos. Nunca se investigó a Villalba vinculado a que era intendente de un pueblo fronterizo, y que es por donde se mueve el delito de tráfico humano para la explotación sexual; fue finalmente juzgado como un “cliente”, por eso quedó limpio y hasta se presentó en la última elección y fue electo concejal.

Aquella vez el exgobernador Urtubey puso como interventora a Mercedes Junco, una dirigente del PJ, que se quedó hasta el próximo turno electoral donde ganó Méndez también del PJ. Obviamente no se investigó nunca la corruptela, sino que la intervención es para ponerle paños fríos a la crítica de la opinión pública y sigan en pie los negocios de siempre.

Otro episodio fue el de dos concejales narcos, Maurin y Gerónimo, integrantes de la banda narco ligada al empresario boliviano Wilson Balderrama, este traficaba drogas a Argentina transportada en camiones de grano, el nexo eran los dos concejales de Salvador Mazza que quedaron al descubierto en el operativo “febrero blanco” en el 2016. Gerónimo estuvo prófugo cuatro años hasta que lo capturó la policía boliviana en Santa Cruz de la Sierra en el 2019.

Caso parecido el del intendente Prado de Aguaray, y muchos otros en donde las intervenciones (a cargo siempre de hombres del mismo palo de los intervenidos) procedieron a garantizar su impunidad.

En el pueblo ya saben que es así. Por eso rechazan la intervención. El pueblo de Salvador Mazza está azotado por la pobreza, por graves conflictos por falta de agua potable, por atropellos de terratenientes contra comunidades criollas y originarias que son desplazadas de sus tierras y por crímenes mafiosos asociados al narcotráfico, siempre con estrechos vínculos con el poder político como el crimen de la campesina Liliana Ledesma cometido por sicarios mandados por el clan Castedo asociados al diputado romerista Aparicio -este último murió sin ser juzgado.

La ley votada por el Senado, que pretende mandar un interventor hasta diciembre del 2023, es además inconstitucional, ya que el artículo 182 dice que en un caso como este si falta más de un año para que venza el mandato deben convocarse a elecciones de inmediato.

Exigimos la inmediata renuncia de Méndez que se lo investigue y que vaya preso.

Rechazamos la intervención. Exigimos que una asamblea de vecinos electos por el pueblo tenga facultades para abrir los libros contables. Que se abra una investigación exhaustiva bajo su control de todo el negocio del tráfico fronterizo; que el poder provincial y nacional aporte un fondo de emergencia para realizar un gran plan de obras públicas, que garantice acceso a los servicios y a la vivienda, ofreciendo de este modo, trabajo bajo convenio a todos los desocupados que son obligados a vivir como bagayeros exponiendo incluso su vida.

Formar una comisión investigadora parlamentaria del contrabando de granos y el resto de los delitos, para ayudar a desarmar el entramado de los poderes del estado que garantiza el saqueo, siembra pobreza, alimenta el contrabando, el narcotráfico y hasta garantiza impunidad de los crímenes mafiosos que azotan a este pueblo desde hace años.

En esta nota