Por diversos medios de comunicación, recorre la noticia del escándalo de las hermanas Díaz, en la localidad de Tartagal, Salta. Una de ellas, Paola Díaz, concejal del Ahora Patria (el partido del diputado Olmedo), y la otra, Rosa Díaz, abogada y defensora Oficial Civil. Ambas fueron denunciadas, por su hermana mayor, por estar reteniendo con fines punteriles y electorales, e incluso comercializando, donaciones dirigidas a las comunidades Wichi.

El jueves, a raíz de un conflicto por una vivienda, se hace público que ambas funcionarias retenían en el domicilio de la madre las donaciones. En el transcurso de los días se procedió al allanamiento del lugar. En el mismo se encontraron numerosas cajas y bolsas con calzados, ropa (nueva y usada), mercaderías varias, botellones de agua y una larga lista de productos.

El juez Nelson Amarayo ordenó la detención de Paola Díaz y un sumario a Rosa, ambas acusadas por administración fraudulenta. Algunos sectores de la oposición ya están pidiendo su renuncia para evitar que el escándalo alcance a otros sectores del poder político.

El intendente de Tartagal, Mario Mimessi (UCR) rápidamente salió a lavarse las manos en los medios de comunicación diciendo que “la municipalidad no tiene nada que ver con las donaciones que recibió la concejala”. Sin embargo, la lista del olmedismo, en la cual fue candidata Paola Díaz, apoyó la candidatura de Mimessi como intendente.

Comunidades de Santa Victoria Este se movilizaron hasta Tartagal, donde se desarrolla un acampe, pidiendo que se les entregue la mercadería y los elementos decomisados, así como también denuncian que desde hace años se usa el nombre de las comunidades para hacer campañas políticas mientras a ellos los dejan en la más profunda miseria.

La cara de un régimen social

Esta no es la primera vez que el pueblo de Tartagal y las comunidades viven esta situación. Recordemos que el anterior intendente, el clerical, hoy Senador Nacional del kirchnerismo, Sergio Oso Leavy, y su hermano, fueron denunciados por el acaparamiento de las donaciones en aquel trágico alud en el 2009.

Este tipo de hechos no puede ser entendido sin la connivencia de todo el régimen político gobernante, que además tiene como método la cooptación de dirigentes de las comunidades, la división de las mismas y todo tipo de maniobras para someterlas políticamente. Las que no son cooptadas son reprimidas.

Todo esto se produce además en un cuadro creciente de pobreza y desocupación en la zona; de avance de los desmontes, cometiéndose todo tipo de atropellos contra las comunidades originarias.

Durante los últimos años la tasa de mortalidad infantil se colocó por encima del promedio provincial. El verano pasado dejó el saldo de 8 niños wichis fallecidos, 6 de ellos por desnutrición y deshidratación. Hoy el cuadro no ha mejorado en lo más mínimo sino que se ha agudizado. Este verano inició con la muerte de una niña wichi de dos años, por un severo cuadro de desnutrición, en la comunidad Lapacho 2.

Los responsables de semejante catástrofe social son los Romero, los Urtubey, los Olmedo y los Sáenz, representantes del régimen oligárquico que gobierna Salta hace 25 años en función de los intereses de los terratenientes de las petroleras, las mineras y el Banco Macro.

Luchamos por una alternativa a este régimen descompuesto

Desde el Partido Obrero impulsamos la organización del Polo Obrero dentro de las comunidades originarias, para enfrentar esta situación. Así constituimos el Polo en Misión Salim y en Misión Chaqueña, donde las compañeras y compañeros vienen protagonizando cortes en reclamo de alimentos para los comedores y merenderos, contra la suba del transporte y contra las obras de desagüe que los terratenientes hacen para descargar los excedentes de agua sobre las tierras que habitan las comunidades.

Luchamos para que sean las mismas comunidades quienes administren toda ayuda social o solidaria, para que tengan un registro y control real y evitar el manejo punteril al cual el gobierno busca mantenerlos sometidos.

Para que vayan presos todos los responsables del aprovechamiento podrido de nuestras comunidades y sus necesidades y para acabar con el régimen de corruptelas es necesario organizarse contra el régimen que multiplica la pobreza estructural y nos somete al pago de una deuda fraudulenta.

Salgamos a luchar para que los más chicos dejen de morir de hambre, para que la asistencia sea un derecho universal, por un seguro al parado no menor de $30.000, por el derecho a la vivienda, por infraestructura, por el agua y por todos nuestros reclamos, como parte de la lucha por construir una alternativa propia de los trabajadores para terminar con este régimen oligárquico en completa descomposición.