La salud pública en nuestro país está sufriendo un ataque histórico. Los 1300 despidos en el Hospital Posadas, el intento de ajuste en el Hospital El Cruce, la degradación del Ministerio de Salud nacional, el decretazo del 5x1 (que busca la compactación de cinco hospitales en uno) y otras configuran este cuadro. Ahora el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ha girado a la Legislatura un proyecto para una nueva carrera de los profesionales de la salud. Se trata de una verdadera reforma laboral para avanzar en el ajuste de la salud pública, de su progresiva privatización, en línea con la Cobertura Universal de Salud, para reservar los recursos de la Ciudad y el país al pago de la deuda externa y el cumplimiento del pacto de ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI. El proyecto oficial barre derechos y conquistas fundamentales de todos los profesionales, incluidos los médicos que una vez más son traicionados por la conducción burocrática de Médicos Municipales. A su vez, el proyecto impone la eliminación de varias profesiones de la carrera con su correlato de despidos, y consagra la discriminación de una pata fundamental del sistema de salud como son los enfermeros, que vuelven a quedar excluidos de la carrera profesional.

1. Un paso más hacia la privatista Cobertura Universal de Salud (CUS)

El artículo 2 establece que la nueva carrera se rige por los principios de “eficiencia y eficacia”. Se trata de conceptos de lógica capitalista que apuntan al ahorro de recursos, a maximizar la explotación de la fuerza de trabajo –más pacientes atendidos en menos tiempo- y a orientar la atención hacia estudios y tratamientos arancelados. La introducción de una lógica empresaria en las relaciones laborales de la salud pública obedece al planteo de transformar el hospital en una “empresa” que logre su autofinanciamiento y compita con el sector privado por los pacientes-clientes que tienen una cobertura limitada de prestaciones. Este es el planteo de la privatista CUS, proyecto de fondo del macrismo para la salud. En la Ciudad se avanzó con la Facoep, encargada de“gestionar y administrar la facturación y cobranza de las prestaciones brindadas a personas con cobertura pública, social o privada”. Y en acuerdo con la burocracia sindical y los bloques del Senado, el gobierno avanza en la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet) para recortar el PMO, que se fue incrementando con leyes y prestaciones adicionales (trasplante, fertilización, discapacidad, obesidad). Como se puede ver, la mayor regimentación patronal, el aumento de la jornada de trabajo, la flexibilización laboral y el ataque a los derechos gremiales que establece la nueva carrera apuntan en el sentido de la CUS.

2. Exclusión de profesiones

El artículo 6 excluye de la carrera a licenciados en Comunicación Social, Biólogos, Estadísticos, Informáticos y lic. en Ciencias de la Educación pierden sus derechos laborales y conquistas específicas como trabajadores de la salud. Además mantiene la exclusión de los licenciados de enfermería que hace años pelean por el pase a la carrera profesional y son discriminados. Así Larreta devuelve favores a la burocracia de Sutecba -que no quiere perder una fuente de afiliados y por lo tanto de recursos- por su rol nefasto en la paritaria y como fuerza de choque contra la organización independiente de los trabajadores. La desvalorización de la enfermería en la Ciudad -y ahora de nuevas profesiones-implica un salario menor, la negación de 10 días por estrés y el cobro de distintos plus. Esto ha llevado a un punto crítico a la atención de los hospitales por la falta de  enfermeras y la superexplotación de las que existen, que deben trabajar 16 horas para llegar a fin de mes liquidando su salud. Tampoco fueron incluidos licenciados en Bioimágenes e Instrumentadoras Quirúrgicas.

3. Aumento de la jornada laboral

El artículo 107 eleva de 24 a 30 el mínimo de horas semanales que deben cumplir los profesionales. Y de 30 a 40 los que tengan un cargo de conducción. El art. 133 establece que“La capacitación se desarrollará en servicio, en los lugares y en el horario habitual de funcionamiento de los efectores de salud” elevando el piso de explotación del profesional. Los bajos salarios obligan al sobre trabajo, con consecuencias perjudiciales para la vida y la salud. Y la restricción de la capacitación impacta negativamente en el desarrollo profesional.

4. Descalificación y discriminación de profesionales no médicos

El artículo 9 considera como especialidades profesionales sólo las médicas, según la Ley N° 17.132 sancionada en 1967 por la dictadura de Onganía. Considera a las demás profesiones como “colaboradoras” de la medicina, desconociendo las leyes de ejercicio profesional de las distintas profesiones de la salud.

El art. 74 reserva la categoría MS para las especialidades médicas “conforme lo establecido en el art 9°” y la categoría PS para el resto de los profesionales. Se ataca el enfoque integral e interdisciplinario de la salud, unilateralizando su abordaje y empobreciendo la atención. Y es un ajuste salarial para los especialistas no médicos que no pueden acceder a la categoría que les corresponde.

5. Ataque a los derechos gremiales

El artículo 50 establece que a los profesionales que fueran electos para cargos gremiales “se les concederá licencia sin percepción de haberes con retención de su situación de revista mientras duren sus mandatos” .Pretenden impedir que los delegados de base continúen en su puesto de trabajo jugando el rol organizador básico y de defensa de sus compañeros ante la patronal. Además carga a los sindicatos con el costo del sostenimiento de su cuerpo directivo y de delegados de base llevándolos a la quiebra. Es lo que intentaron con la APSS recientemente cuando una lista combativa ganó las elecciones.

El artículo 2, “Principios”, ataca el derecho a huelga. Plantea la “conformación de organismos paritarios encargados de prevenir y solucionar los conflictos colectivos de trabajo y garantizar la prestación de los servicios esenciales de salud”. También en el Subte se firmó un acta con Agtsyp contra paros y otras medidas de acción directa e impone preaviso de 5 días por cualquier tipo de acción. Esta política anti sindical se repite en el desconocimiento a los delegados de base de Ademys y las Juntas Internas de ATE.

6. Regimentación patronal

El capítulo XIX “Del Régimen Disciplinario” es tomado de la Ley 471. Se caracteriza por penalizar conductas de una forma amplia y vaga posibilitando una interpretación arbitraria por parte de los funcionarios contra los trabajadores. Se podrá sancionar la“falta de respeto a los superiores”, y el incumplimiento de “la eficiencia y eficacia”; de una “conducta digna y decorosa”; de “las órdenes emanadas de sus superiores”; del “deber de fidelidad” entre otras. La única mención a que el derecho de defensa “deberá garantizarse”, sin establecer cómo ni cuándo, grafica la enorme regimentación patronal establecida.

7. Concursos abiertos en perjuicio de residentes, concurrentes y personal de guardia

El artículo 104 establece que los concursos serán abiertos. Se pretende fomentar “la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postulantes” (art. 102). De este modo, los residentes y concurrentes formados por el hospital público quedan en igualdad de condiciones con los profesionales externos al hospital. Se desvaloriza la exigente formación en la residencia -que se realiza en condiciones de enorme precariedad laboral y con guardias insalubres para los residentes- y se la desincentiva, ya que luego no se da prioridad para el ingreso a planta. Los titulares y suplentes de guardia que quieran pasar a planta también se verán perjudicados.

8. Achique hospitalario y precarización laboral

El artículo 86 introduce la “redefinición funcional o de la estructura organizativa” como motivo del cese de la función de conducción. Debe ser contextualizado con la política de achique hospitalario y el decretazo que avanza en la compactación de 5 hospitales en el Complejo Hospitalario Sur.

El cargo de conducción pasa a tener una duración de 4 años y es remunerado con un suplemento en función de un “mayor dinamismo e intercambio”.

El art. 66 estipula en 6 meses el período de servicio bajo modalidad transitoria previo a la adquisición de la estabilidad.

Los art. 139 y 140 introducen el régimen de evaluación de desempeño cada 2 años anulando el ascenso automático de categoría cada 4 años por antigüedad e introduce la pérdida de la estabilidad laboral ya que dos evaluaciones negativas implican el pase a disponibilidad (Rad- Ley 471).

9. Ataque a las guardias

El artículo 22 establece que las licencias del personal de guardia serán establecidas “por vía reglamentaria” o sea que quedan a criterio del Poder Ejecutivo para “la aplicación de los principios de proporcionalidad, razonabilidady prudencia sobre la labor encomendada” lo que adelanta un recorte de las mismas.

El art. 72 dice que “La función del profesional de guardia será la de mantener la asistencia médica” negando la  integralidad e interdisciplina. Además abre la puerta a la pérdida de puestos de trabajo de las profesiones no médicas en las guardias.

10. Inconsulto

En los considerandos se destaca “que modificaciones e incorporaciones propuestas en el presente proyecto, surgen como resultado de una ardua y extensa tarea de análisis, negociación y colaboración para el consenso, entre las autoridades del Poder Ejecutivo y las Asociaciones Gremiales que agrupan y representan a los profesionales de la salud”. Esto fue desmentido por los pronunciamientos de las comunidades de los hospitales y asociaciones profesionales que han señalado el carácter inconsulto y unilateral de la iniciativa.

¿Cómo enfrentamos y derrotamos esta ofensiva?

Por el retiro del proyecto

En la Legislatura el bloque oficialista tiene mayoría. Pero el rechazo a este proyecto en los hospitales es masivo. También lo es en la mayoría de las asociaciones gremiales y profesionales. La clave para derrotar esta ofensiva es hacer valer esas mayorías y la fuerza y disposición de lucha de los trabajadores. Es lo que ocurrió con el decretazo del 5x1. A pesar de tener esta mayoría, Larreta no quiso discutirlo abiertamente en la Legislatura para que no se expresen allí las movilizaciones. Con el proyecto de Unicaba ocurre algo similar, el rechazo masivo en los profesorados acorraló al Gobierno. Entonces ¿cómo organizar esta lucha? En primer lugar hay que plantear de manera compacta el retiro del proyecto, lo cual unifica a todos los trabajadores y profesiones. No se trata de un proyecto progresivo o parcial al cual plantear agregados o modificaciones, sino uno que constituye un ataque directo a la salud pública y sus trabajadores. En segundo lugar al fraccionamiento entre distintas profesiones y efectores de salud debemos superarlo con una asamblea general interhospitalaria, que unifique a todas las profesiones y sectores de la salud, para votar un paro y un plan de lucha progresivo que lleve al retiro del proyecto oficialista. A la impostura de defender la salud en abstracto para diferenciarse de Macri en perspectiva electoral-un callejón sin salida porque subordina a los trabajadores a quienes luego ajustan en sus provincias y pactan con el oficialismo en el Congreso-debemos oponerle un frente único de lucha de los trabajadores en defensa de la salud pública, de las conquistas laborales, contra el ajuste y los despidos.

Vamos por:

• Retiro del proyecto de ley
• Pase a la carrera profesional para licenciados de enfermería. También para profesionales y auxiliares por mérito equivalente y cursos en servicio.
• Reconocimiento inmediato en la carrera profesional a todas las profesiones de la salud.
• Basta de precarización laboral para residentes y concurrentes. Equiparación de derechos y condiciones laborales con el personal de planta permanente en una planta transitoria respetando su carácter laboral y formativo.
• Libertad sindical y respeto al derecho a huelga
• Abajo el 5x1 del Complejo Hospitalario Sur
• Inmediata reapertura de paritarias