Salud
9/1/2026
¿A quién reclamar si cierran un centro gratuito de discapacidad?
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Tribuna Disca
El CFI de Coronel Rosales
La situación del Centro de Formación Integral (CFI) de Coronel Rosales no es un hecho aislado ni una “desprolijidad administrativa”. Es una postal brutal de cómo el Estado ajusta y descarga ese ajuste sobre los sectores más vulnerables, en este caso las personas con discapacidad y sus familias, mientras garantiza que un puñado de empresarios y prestadores privados sigan enriqueciéndose.
Desde la pandemia, más de 80 adolescentes y jóvenes con discapacidad asisten al CFI sin edificio propio, en condiciones que vulneran de manera sistemática el derecho a la educación. Espacios improvisados, aulas inadecuadas, talleres que no cumplen normas mínimas de seguridad, accesibilidad inexistente y convivencia forzada con otra institución que tampoco da abasto. Todo esto no es una excepción: es la regla bajo un régimen donde el Estado descarga la crisis sobre los más vulnerables.
Andis desmantelada, Salud sin jurisdicción y Educación que mira para otro lado
Hoy las familias se enfrentan a una pregunta angustiante y concreta: ¿a quién reclamar?
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) fue vaciada y absorbida por el Ministerio de Salud, reduciendo la discapacidad a una cuestión médica y administrativa. Pero el Ministerio de Salud no tiene jurisdicción sobre la educación, ni sobre los dispositivos pedagógicos como los CFI.
Entonces, cuando se cierran centros gratuitos, cuando se pierde un edificio, cuando se dictan clases en condiciones indignas, no hay un organismo nacional que responda. La discapacidad queda atrapada en un limbo institucional: Salud no interviene, Educación se desentiende, y los gobiernos provinciales y municipales se pasan la pelota.
El resultado es claro: el ajuste se descarga directamente sobre las familias y los estudiantes.
El caso CFI: tierras hay, voluntad política no
En Coronel Rosales la solución existe. Hubo un terreno donado originalmente para el CFI, que fue apropiado por el municipio en gestiones anteriores. Al mismo tiempo, se anuncian donaciones de tierras a instituciones privadas mientras el dispositivo público de discapacidad sigue funcionando en condiciones precarias.
Esto deja al desnudo una realidad que el discurso oficial intenta ocultar: no es falta de recursos, es una decisión política.
Cuando el Estado entrega tierras a privados y abandona la educación pública especial, está diciendo con claridad qué intereses prioriza. Y cuando los sindicatos cuyas direcciones han dejado pasar el ajuste de los gobiernos nacionales y provinciales miran para otro lado, se convierten en cómplices de ese abandono.
¿Quién es responsable?
Frente al cierre o vaciamiento de un centro gratuito de discapacidad, las familias deben señalar con nombre y apellido a los responsables:
- Al Estado provincial, que tiene la obligación indelegable de garantizar la educación pública, incluida la educación especial y la formación integral.
- A los municipios, que administran tierras públicas y deciden a quién se las asignan.
- A las conducciones sindicales dirigidas por la burocracia, que eligen no impulsar la organización y la lucha frente a estas situaciones.
La eliminación de la Andis no libera de responsabilidades: las concentra en gobiernos que ajustan y en funcionarios que se esconden detrás de la burocracia estatal.
Organización y lucha: única salida
El caso del CFI de Coronel Rosales demuestra que no alcanza con notas, pedidos formales ni promesas de campaña. Las familias hicieron todo eso y no obtuvieron respuestas. El ajuste avanza porque no encuentra una respuesta organizada a la altura del ataque.
Desde la perspectiva del Partido Obrero, Tribuna Disca (CSC / Partido Obrero), sostenemos que la discapacidad no puede quedar librada a la buena voluntad de ningún gobierno. Sin edificio, sin presupuesto y sin decisión política, la inclusión no existe: es solo un discurso vacío para justificar el ajuste.
Defender al CFI no es un reclamo sectorial: es defender el derecho a la educación, hoy bajo ataque. Y esa defensa solo puede venir de la organización independiente de las familias, la docencia y los trabajadores, por fuera de las direcciones sindicales que garantizan la pasividad.
Porque cuando el Estado se borra, no queda otra alternativa que imponer una salida con la lucha.
Por la restitución inmediata de un edificio para el CFI.
Por presupuesto y políticas públicas integrales en discapacidad.
Por una organización independiente que enfrente el ajuste en todos los niveles del Estado.
