En su “Informe sobre la estabilidad financiera mundial (GFSR)” publicado en 2012 por el FMI, cuya directora gerente era Christine Lagarde, puede leerse una advertencia relativa a las “implicaciones financieras potencialmente muy grandes del riesgo de longevidad”; es decir, el riesgo de que la gente viva más de lo esperado. Podrían imaginarse varios escenarios propios de ficción distópica donde el régimen social capitalista se deshiciera de quienes explotó durante los mejores años de su vida, aquellos que además aportaron para la seguridad social y para ese salario diferido que es la jubilación.

El Covid-19 parece venir a consumarlos. La bancarrota capitalista mundial ha puesto en el tapete no solo la pretensión de reformas jubilatorias que extiendan la edad para acceder al “beneficio” y remuneraciones asistenciales a cambio de los regímenes especiales conquistados en algunas áreas de la actividad. El desfinanciamiento del sistema de salud italiano coloca a los médicos en la disyuntiva de elegir a quién colocarle un respirador, eligiendo a los menores de 60 años para que vivan. La administración Trump no se ha quedado atrás. El “vicegobernador de Texas dice que abuelos (como él) preferirían morir antes de que el coronavirus dañe la economía de EE.UU.: ´mi mensaje es volvamos al trabajo, volvamos a la vida, seamos inteligentes al respecto y aquellos de nosotros que tenemos más de 70 años nos ocuparemos de nosotros mismos, pero no sacrifiquen al país. No hagan eso´, dijo el republicano” (Univisión, 24/3). Bolsonaro, de manera más brutal, acaba también de señalarlo para Brasil.

En la edición del 27/3 del programa GPS por A24, el abogado previsional Christian D´Alessandro realizó denuncias respecto de la situación en nuestro país para tener en cuenta. En primer lugar, deja claro que ningún funcionario del gobierno nacional –del Presidente para abajo, a quienes contactó- tomó en consideración sus aportes, pertinentes a los siguientes aspectos: 1) según reconoce Anses el 15% de los jubilados no dispone de tarjeta de débito. El abogado amplía ese porcentaje a entre el 20 % y 30 % ya que “muchos que tienen la tarjeta no la han activado o no la usan”, lo que explica las largas colas habituales en los bancos los días de cobro. Esta situación, al estar cerradas las entidades crediticias, hace imposible la percepción de los haberes, acentuando la vulnerabilidad al no disponer de dinero para adquirir alimentos y remedios; 2) denunció también que muchos jubilados acuden a retirar las viandas al Pami, que, como consecuencia del aislamiento, tercerizó las entregas “en viejos como los que van a retirar, de 60, 70 u 80 años que asumen esa tarea, colocándose como barbijo, la mascarilla de nebulizadores atadas con un piolín o confeccionadas por ellos, de friselina”. Destacó en segundo lugar la bomba de tiempo que son las residencias geriátricas, “sin control alguno por parte de los municipios”. Puso como ejemplo España –y de paso destacó que el 95 % de los muertos por el coronavirus son mayores de 60 años-, donde las fuerzas de seguridad intervinieron en residencias “en las que había viejos muertos por el virus, junto con los vivos”. Puso de relieve la gravedad que entraña en nuestro país el hecho de que se produzca alguna muerte por el virus respecto a la ausencia de infraestructura adecuada para el traslado de los demás residentes, donde coexisten autoválidos con dependientes y con quienes padecen trastornos cognitivos.

La pandemia ha recreado el peor escenario y desnudado en un lapso breve las insalvables contradicciones del modo de producción capitalista y sus relaciones sociales en el actual estado de desarrollo. Pone en juego la necesidad de disponer todos los recursos del Estado al servicio de los requerimientos del sistema de salud, seguridad social y del resguardo de las fuentes de trabajo, salario y condiciones de vida del conjunto de la población trabajadora, abiertamente incompatible con las necesidades de explotación y recreación de tasa de ganancia del capital.