Previo a finalizar en 2022, el gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2023 la emergencia sanitaria, en vistas a la continuidad de la pandemia de Covid-19 y al alza de casos detectados en las últimas semanas. La resolución habilita algunas medidas de excepción sin alterar el ajuste en Salud, con una infraestructura sanitaria de pandemia desmantelada y en los marcos de distintos procesos de lucha de los trabajadores de la salud por salarios y condiciones laborales.

Se trata del decreto 863/2022 por el cual se dispone que el gobierno podrá establecer condiciones de excepción para la matriculación y/o certificación de títulos (en trámite o revalidaciones), contratar personal de salud jubilado o retirado o con titulación extranjera no validada en el país, y la instalación de hospitales de campaña sin bloqueo administrativos previos. También se habilita a la reasignación de partidas presupuestarias para atender las necesidades sanitarias de la pandemia.

La prórroga de la emergencia sanitaria contrasta con el desmantelamiento del sistema de salud para enfrentar la pandemia y las consecuencias de un sistema saturado: entre los propios considerandos del decreto se menciona “el descenso de casi el 50 % en la atención de pacientes ambulatorios y ambulatorias y la cancelación de alrededor del 60 % de las prácticas médicas”.

El gobierno ha eliminado casi en su totalidad la política de testeos públicos, reservándola solo para casos especiales de personas con riesgo sanitario, comorbilidades y adultos mayores, lo que ha repercutido en un salto en la adquisición de autotests y en una caída significativa del monitoreo del estado epidemiológico en el país.

También se han dejado caer medidas preventivas sobre la propagación, como la presunción del Covid-19 como enfermedad laboral, algo que invierte la carga de la prueba lo que implica que muchos trabajadores asistan a trabajar a pesar de contar con síntomas de la enfermedad.

Esta resolución no solo se da en el marco de un crecimiento de los casos de Covid, sino también bajo el aumento de enfermedades y padecimientos que surgen como consecuencia de la pandemia. Tal es el caso de enfermedades cardiovasculares y metabólicas por efecto de un cambio en los hábitos alimentarios, aumento de peso por confinamiento y reducción de la actividad física.

El decreto del gobierno es solo a los fines de cubrirse las espaldas en caso de un nuevo salto en los contagios, pero no implica necesariamente un reforzamiento del sistema sanitario público, sino un régimen de excepción para mantener el ajuste y reducir las contingencias a un mínimo impacto fiscal.

La falta de personal en áreas enteras del sistema de salud público se debe principalmente a los bajos salarios y las paupérrimas condiciones laborales, que han quedado de manifiesto con las lucha de los trabajadores de la salud en CABA y provincia de Buenos Aires y en el resto del país.

La mejor forma de acondicionar el sistema sanitario para enfrentar los golpes de la pandemia es por medio de la prevención con testeos públicos al alcance y garantías salariales y laborales para el conjunto de los trabajadores del sector, ampliando el personal y cubriendo los cargos y áreas vacantes y necesarias. Algo incompatible con el sometimiento fiscal al FMI y su ajuste.

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