Nuevos datos de la ocupación de camas muestran que Argentina continúa rompiendo récords a nivel mundial. Esta vez se consagró como el tercer país del mundo con mayor cantidad de enfermos graves, detrás de Brasil e India, con un total de 7.698 personas en UTIs. El hecho de que se encuentre en los puestos más altos junto con países que tienen una población hasta 30 veces mayor es clarificador.

Es curioso cómo, aunque el gobierno comenzó a tomar medidas en mayo, igualmente el aumento en la ocupación durante ese mes fue altísima, en el orden del 36%, e incluso desde fines de marzo se duplicó. Estos números muestran que la segunda ola no encontró al gobierno “desprevenido”, sino que las medidas que estableció no sirvieron para disminuir los casos o la saturación del sistema de salud en tanto evitaron afectar a las patronales y liberaron la actividad productiva. De hecho, las restricciones solo se centraron en los horarios de esparcimiento de la clase obrera, como los fines de semana y las noches.

De conjunto, estos datos demuestran que la situación es aún más grave que la que exhibe el Ministerio de Salud. Los informes de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hablan de 8 provincias con una ocupación mayor al 95% y otras 5 por encima del 90%. El colapso es tal que los pacientes se internan (y muchos mueren) en las guardias, es decir que ni siquiera llegan a una cama UTI. En la provincia de Neuquén ya no hay camas, por lo que 72 pacientes están internados en las guardias, y 16 de ellos requieren asistencia respiratoria. En Córdoba, provincia también atravesada por una profunda crisis sanitaria, las ambulancias tardan entre dos y ocho horas en encontrar una cama libre.

Argentina también es de los países con mayor cantidad de nuevos contagios, es decir que siguen aumentando más allá de cualquier restricción o plan de vacunación, que encima está sumamente atrasada. En otras palabras, todavía no vimos lo peor de la segunda ola. Mientras los casos siguen subiendo en las provincias, los funcionarios del Amba celebran un amesetamiento que está por encima de los 15 mil casos diarios. Lógicamente, esto se traduce luego en más estrés del sistema sanitario y muertes, que significa que, por ahora, el coronavirus no da respiro y hacen falta medidas.

Una de las cuestiones más necesarias es la ampliación en los recursos, camas y respiradores primordialmente, para combatir la ocupación del 100%. Esta inversión tiene que venir acompañada de la contratación de profesionales que no solamente estén capacitados, sino también que se encuentren por encima de la línea de pobreza.

Pero la orientación del gobierno lejos está de garantizar un reforzamiento del sistema de salud, con todas sus implicancias. El presupuesto 2021 fue un adelanto de la enorme reducción fiscal que planea llevar adelante durante este año, en pos de cumplir con las exigencias del FMI y demás acreedores. Por eso no contemplaba ninguna partida presupuestaria destinada a atender la pandemia, como si esta hubiese terminado -incluso con las experiencias del hemisferio norte que mostraban una segunda ola más contagiosa y letal. Cuando finalmente la situación obligó al gobierno a hacer algún tipo de anuncio en materia económica, este resultó ser 90% menor en comparación al 2020.

Esto no hizo, sin embargo, que se privara de asignarle todo tipo de favores a la medicina privada, como la reducción de los aportes patronales y la posibilidad de acceder al ATP y al Repro, de manera que logren reducir el “gasto” que les generan los salarios de los profesionales. Incluso este año hasta les permitió aumentar dos veces las cuotas de las prepagas. Ahora, las cámaras patronales reclaman la suspensión de las paritarias “por falta de recursos”, es decir que pretenden aumentar la sobreexplotación del personal sanitario en pleno colapso.

No se tienen que conceder más subsidios y beneficios a las patronales, sino aumentos salariales para los trabajadores de la salud y reconocimiento profesional, y en ese marco es elemental la apertura de los libros de las empresas de medicina privada. De hecho, en medio de la pandemia, se aceleró el vaciamiento de sanatorios y clínicas mediante la reducción de camas y personal, o hasta en algunos casos, directamente el cierre de los centros de salud, como fue el caso de la Clínica San Andrés. Todo a costa de la salud de la población y el trabajo de miles de profesionales que se encontraron sin salario y sin cumplir sus funciones en un contexto en el que la labor en salud es prioritario.

El pluriempleo, los salarios de miseria y la suspensión de las paritarias han generado un combo de superexplotación laboral para los trabajadores de la salud pocas veces visto. La saturación y la descentralización del sistema de salud han contribuido enormemente a esto. En este cuadro, es claro que la coordinación entre el sector público y privado debería haber sido de las primeras medidas a tomar, pero para el gobierno fue preferente mantener sus lazos con las empresas de medicina privada, dejando la salud de la población como moneda de cambio. Por eso no avanzó en la centralización del sistema sanitario, medida más que necesaria para optimizar los recursos del país.

El programa planteado, con la centralización del sistema de salud, el reforzamiento económico del sistema de salud, el aumento en los salarios de los trabajadores, implica la defensa de la salud y la vida de la clase trabajadora por sobre las ganancias de las patronales, los acuerdos con la medicina privada y los negocios de los laboratorios.

 

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