La jornada del jueves dejó un saldo de 5.301 nuevos contagios de coronavirus en Argentina, significando el mayor número desde el 1 de septiembre. La tendencia alcista que se avizoraba con mayor profundidad desde casi un mes atrás finalmente se confirmó con la suba de la última semana: 65% más casos y una positividad en ascenso. El gobierno interviene con medidas de superficie, que no tocan la raíz del problema ni sirven para preparar al sistema sanitario ante el aumento de las internaciones, que también se vieron en alza.

Como advertimos en Prensa Obrera semanas anteriores, el aumento en la positividad junto con el aumento de casos anticipaba, como lo hizo con la primera y la segunda ola, la posibilidad de un rebrote cercano. Dicho y hecho, pasó de un 2,2% durante la tercera semana de octubre a 8,73%. La prevalencia de la variante Delta en el país, ocupando más del 85% de los casos en el AMBA, es en parte responsable de ella ya que es más contagiosa. A ella ahora se suma otra variante de gran preocupación, la Ómicron, que logró colarse en el país por la falta de controles y significó aislar a más de 800 personas en la provincia de Córdoba. Los expertos esperan que durante el verano se termine de dispersar por Argentina, lo que puede dar como resultado una coexistencia de cepas (Infobae, 15/12) y, por qué no, una nueva variante de origen criolla.

Dichas cepas junto a la tasa de vacunación son determinantes claves en el desarrollo de la tercera ola. Tanto Delta como Ómicron presentan mutaciones capaces de burlar la inmunización, al menos parcialmente, aunque sigue siendo la mejor manera de evitar las internaciones y formas graves de la enfermedad. La OMS ya advirtió que luego de 6 meses las vacunas reducen significativamente su eficacia contra el Covid-19 (Perfil, 16/12). Además, los mismos estudios demostraron una importante disminución en la protección de las vacunas contra la Ómicron; solo por dar un ejemplo, la eficacia de Pfizer pasa del 87% al 30% si se compara con Delta.

Recordemos que Argentina se atrasó los primeros meses del año en la inmunización producto de los retrasos en las entregas de los laboratorios y los contratos confidenciales firmados por el Estado y gobierno nacional, brecha que aún no logró compensar. Así es como existen personas, como el personal de salud y los mayores, que se vacunaron por primera vez hace casi un año y completaron sus esquemas en la primera parte del 2021 cuya inmunidad se encuentra comprometida. Para la mayoría de ellos, las terceras dosis llegan tarde.

Otra cuestión central es la brecha entre primeras y segundas dosis, que el gobierno tampoco logró solucionar. La política oficial ante la escasez de dosis fue la de priorizar las primeras, lejos de apostar a un plan que garantice la cobertura nacional de dosis requeridas. De esa manera, aunque un 82% recibió la primera dosis, solo un 69% completó el esquema y el 4% recibió un refuerzo.

A la par de esto y como consecuencia del aumento de casos, uno de los índices de mayor preocupación, la ocupación de camas, exhibió un cambio negativo. En el AMBA ya rozó el 39%, mientras que en el país llega al 36% (Ámbito, 17/12). En la provincia de Buenos Aires el 62% no estaba vacunado y el 14% solo había recibido una dosis. El ministro de Salud de la provincia advierte que “nos tenemos que preparar para un marzo o abril complicado”, pero no hay medidas para enfrentar lo que sin dudas será un aumento de casos más pronunciado y su repercusión en las internaciones, un colapso sanitario que solo puede ser evitado con una fuerte campaña de vacunación y reforzamiento de las unidades médicas.

Lejos de esto, el gobierno nacional dispuso una reducción de centros de vacunación, testeo y demás servicios puestos para enfrentar la pandemia. Las decisiones oficiales hacen “como que” la pandemia terminó, cuando estamos en el principio de la tercera ola y mientras aplican un ajuste de magnitud pocas veces antes vista. Las pocas medidas “sanitarias” aplicadas son inermes para el escenario: contadas conferencias de prensa encabezadas por Vizzotti que no hacen más que informar, ritmo lento de vacunación y testeos que ya son escasos. El pase sanitario, que comenzará a regir el 1 de enero, demuestra de lleno la improvisación de los que nos gobiernan, en tanto quieren imponer un pseudocontrol sin medidas de logística y presupuesto para alcanzar a las poblaciones de difícil acceso y de riesgo que faltan vacunar.

Son elementos que se verán agudizados ante la reducción para Salud en el presupuesto 2022 de al menos 13 puntos, que para sumar se da en relación a la subestimada pauta inflacionaria oficial que nadie da por fiel. La raíz de la cuestión es el acuerdo con el FMI, que requiere un ajuste en términos reales de todas las partidas sanitarias. Aunque el proyecto no se apruebe en el Congreso todo indica que el gobierno lo garantizará vía DNU y en complicidad con la oposición, que lo aplicará allí donde gobierna. Al fin y al cabo, la receta que ofrecen las distintas variantes es similar: menos presupuesto para los hospitales, salarios de miseria y precarización laboral para los profesionales de la salud y vaciamiento de la salud pública.

Es contrario a cualquier necesidad de los trabajadores. El camino a seguir es el de los profesionales de enfermería, los médicos, residentes y concurrentes que a la vez que sostuvieron el funcionamiento de los centros de salud en medio de una pandemia lucharon por mejores condiciones laborales y en defensa de la salud. Por el pase a planta de todos ellos, el aumento en el presupuesto sanitario, vacunación garantizada para todos los trabajadores y centralización del sistema de salud. Solo un programa que incluya esas reivindicaciones puede darle salida a la crisis sanitaria.