Hasta ahora, nuestro país ya distribuyó a las distintas provincias 7.085.796 dosis, de las cuales, según los datos del Monitor Público de Vacunación, solo quedan administrar 1.513.918. A un ritmo de vacunación de 160.000 inoculaciones por día (Infobae, 13/4), Argentina se quedaría sin dosis en tan solo 9 días, ya que no hay entregas programadas en las próximas semanas.

Recién el jueves Vizzotti podría anunciar, según la confirmación del laboratorio chino, la llegada de 1 millón de dosis de la vacuna de Sinopharm. En la conferencia de la ministra con Fernán Quirós y Daniel Gollán, ministros de Salud de CABA y de provincia de Buenos Aires, también dijo que llegarían dosis de AstraZeneca (desde EE.UU.) y Sputnik V. Sin embargo, ninguna de estas entregas tiene fecha.

Hay algunas jurisdicciones que ya se quedaron sin dosis. En Córdoba, la capital está aguardando una nueva entrega, así como las localidades del Gran Córdoba (La Voz, 13/4). También la provincia de San Luis habría agotado sus reservas. La Ciudad de Buenos Aires, con un ritmo de inoculación de 17 mil dosis diarias y 77.589 vacunas en su poder, le quedarían 5 días de campaña; la provincia de Buenos Aires tiene un ritmo de 63 mil dosis por día y aún le quedan 668 mil, por lo que tiene para 11 días más. Pero Gollán dio otra información, confirmando turnos hasta el viernes para 207.000 personas (cantidad total de dosis en su poder) y la posibilidad de que Nación le entregue otras 200.000 que terminarían de inocular el martes.

La Pampa, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Formosa y Río Negro también se quedarán sin dosis la semana que viene a más tardar. La información se da a conocer pocos días después de que el gobierno confirmara mediante el jefe de gabinete Santiago Cafiero que las provincias y los privados están en condiciones de comprar vacunas de forma particular, dando lugar al reclamo de la oposición patronal y de los sectores reaccionarios, y habilitando la profundización de la brecha entre quienes pueden acceder a la vacuna y quienes deben esperar.

Esto no solamente se transformará en una nueva metodología de vacunación VIP, sino que forma parte de la política más general del gobierno de desligar de la responsabilidad por la salud de la población al Estado, como hemos visto que sucedió también para las restricciones. En dicho caso,  el DNU aprobado por el gobierno establece que las provincias pueden, si así quieren, endurecer las medidas, sin establecer una política sanitaria de conjunto y permitiendo el libre albedrío de las gobernaciones, quitándose de encima el peso de endurecer las medidas de restricción y las políticas de asistencia necesarias para garantizarlo.

El problema de la provisión de vacunas se viene desarrollando hace varios meses, cuando el gobierno prometió comenzar la inoculación en diciembre de 2020. Hoy se han vacunado 4.836.246 personas con una dosis y solo 735.632 personas con dos en 4 meses, lo que pone a todo el país en alerta roja. Aún no se terminó de vacunar a la totalidad del personal de salud y hasta hace unos días aún faltaba el 60% de los adultos mayores.

Argentina tiene contratos por 65 millones de dosis, aunque solo llegaron las 7 millones mencionadas, en su gran mayoría de Sinopharm. De esa cantidad, 22 millones corresponden a la vacuna de AstraZeneca producidas en la provincia de Buenos Aires, pero solo se han enviado hasta el momento 590 mil, por lo que distintos referentes de la comunidad científica y de organizaciones sociales, así como el Partido Obrero, están llevando la iniciativa de confiscar las dosis producidas en el laboratorio de Garín, terminar el envasado en laboratorios nacionales y llevar adelante una política de distribución que permita enfrentar la segunda ola con una gran campaña de vacunación. También la propuesta de intervenir la fábrica y poner la producción al servicio de las necesidades de la clase trabajadora argentina y de América Latina, sobre la base de la lucha por la liberación de las patentes.

 

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