La pandemia en curso provocada por el Covid-19 está poniendo de relieve la crisis sanitaria que se vive en todo el país y que precede a la situación actual. El gobierno ha dictaminado a partir del decreto 260/2020 la “esencialidad” del personal de la salud, lo cual cancela licencias y vacaciones a los trabajadores, en muchos casos sin tomar en cuenta sus comorbilidades (enfermedades preexistentes), al tiempo que no toma las medidas necesarias para realmente enfrentar la pandemia con nuevos nombramientos, insumos, condiciones de bioseguridad o edilicias básicas.

Como sucediera en el Hospital Evita de Lanús -el cual fue en las últimas semanas un foco de atención por las asambleas de trabajadores que denunciaban el estado calamitoso del mismo- en Avellaneda la CICOP (que nuclea a los profesionales de la salud) del Fiorito publicó un comunicado a raíz de un caso sospechoso de Covid-19 en el hospital. El mismo denuncia la ausencia de elementos para la desinfección del consultorio de aislamiento, lo cual afecta la atención por guardia y la aplicación del protocolo en casos sospechosos. Testimonios y videos de los pacientes también dan cuenta de la falta de insumos básicos como alcohol en gel, jabón y otros elementos de limpieza en instalaciones completamente derruidas. 

El Hospital Fiorito se encuentra en la actualidad colapsado, con un precario sistema de triage (el sistema que prioriza a los pacientes según la urgencia de su atención), a la vez que es centro de derivación para pacientes de la zona de Ezeiza. El personal se encuentra trabajando sin contar con suficientes barbijos ni con las medidas de bioseguridad necesarias. Mayoritariamente los servicios no cuentan con más de una habitación para realizar aislamiento.

La situación crítica del Fiorito, como del resto de la salud pública bonaerense, demuestra el ajuste de las gestiones sucesivas de Scioli, Vidal y (ahora) Kicillof, en los últimos años. Este abandono afecta tanto a pacientes como al propio personal, superexplotado, de la salud. En este contexto trabajadores y usuarios del sistema de salud debemos organizarnos para exigir al gobierno un verdadero aumento presupuestario de emergencia. La partida adicional por $1.700 millones del ministro de Salud Ginés González García tan sólo representa un 4% del presupuesto de salud 2019, el cual se demostró insuficiente para atender el funcionamiento habitual del sistema durante el año pasado. Con inflación y pandemia de por medio, el escenario es explosivo. 

El panorama de la salud pública en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires demanda de forma urgente la centralización del conjunto de los servicios sanitarios tanto públicos como privados y de obras sociales. La cancelación del pago de la deuda es un planteo fundamental para poder afrontar la pandemia a nivel nacional y destinar recursos a la salud. 

Necesitamos medidas urgentes que impliquen la incorporación de personal a planta y el cese de la precarización; salario y derechos para concurrentes, salario básico igual a la canasta familiar para todos los trabajadores de la salud; licencias para los trabajadores que pertenezcan a grupos de riesgo; respeto de los descansos y posguardias correspondientes; abastecimiento de insumos para la prevención y de elementos de seguridad e higiene.