El servicio de neurología y la sala de stroke del Hospital Ramos Mejía fueron cerrado el miércoles 20, y se suman así al servicio de neonatología que había sido clausurado días atrás.

En todos los casos es debido al contagio de Covid-19 del personal, ya sea de manera intrahospitalaria u horizontal producto del pluriempleo de los trabajadores de salud del hospital. Residentes y médicos de planta, enfermeros y el resto del personal, han denunciado que los EPP (equipos de protección personal) son de baja calidad.

A su vez, los trabajadores del hospital denuncian además que la ocupación de las camas de UTI (terapia intensiva) promedia entre el 80 y el 90%, y que falta personal de enfermería para abrir salas destinadas a pacientes sospechosos de Covid-19. Los pacientes con dengue, a su vez, se encuentran desprotegidos en habitaciones sin telas mosquiteras de protección. Institucionalmente no hay distribución de tareas, y se habilitan camas según la concurrencia de pacientes sospechosos cualquiera sea el horario, lo que colabora a la saturación del hospital. 

A este cuadro se le suma la exposición al contagio por las condiciones laborales del sector más precarizado: los residentes y concurrentes. Los residentes que trabajan en las salas no Covid-19 muchas veces no se les permite realizar turnos rotativos, y no existe redistribución del personal. Las autoridades solo permiten la rotación del personal en las salas para pacientes con sospecha o con coronavirus.

Denuncian también que las guardias para el ingreso de casos sospechosos quedan a su cargo, y que no se les garantiza un lugar apropiado para dormir, ropa de cama ni condiciones edilicias adecuadas. Cuando no se encuentran disponibles las habitaciones de médicos del servicio de cirugía, deben dormir en el mismo piso que pacientes internados, en habitaciones vacías que habitualmente son para internación. Esto cuando la carga horaria de dos guardias alcanza o supera las cuarenta horas semanales. Además, se los obliga a asistir a las UFU (unidades febriles de urgencia). Se suma a todo ello la presión que ejercen las autoridades del hospital. En algunos servicios han llegado a tener castigos, retos y amenazas.

Los residentes de los últimos años, que a esta altura de su formación estarían en condiciones de obtener el título de especialista, continúan realizando guardias no remuneradas debido a que el Ministerio de Salud porteño decidió, de manera unilateral, extenderles el contrato en lugar de pasarlos a la planta permanente del hospital (que implicaría un mayor salario y guardias remuneradas). Esto último es lo que exige la asamblea de residentes y concurrentes de CABA.

Con respecto a los concurrentes, que ni siquiera cuentan con salario, ART, ni derechos laborales, se los ha obligado a realizar guardias de sospechosos de coronavirus, bajo amenaza de negarles la firma de finalización de la concurrencia.

Otra cuestión que contribuye al colapso hospitalario es el retraso de más de 24 horas en el resultado de las RT-PCR para determinar los casos de Covid-19. Debido a esto,  las autoridades -en consonancia con el gobierno- mantienen hacinados a pacientes sospechosos de las villas que esperan los resultados en los servicios de dermatología y pediatría, muchas veces conviviendo en un mismo pabellón con pacientes positivos. Los pacientes dados de alta deben volver al hospital a hisoparse para el alta epidemiológica al día 21, y ello por sus propios medios ante la falta de respuesta de Same.

Ante este panorama crítico, los residentes y concurrentes del hospital solicitaron la semana pasada una reunión con las autoridades para exigir participación en el comité de crisis del efector, con el fin de intervenir directamente para mejorar protocolos, y frenar los maltratos y la sobreexplotación laboral.