En la madrugada de este jueves se produjo la muerte de Miguel Olmedo, trabajador de la empresa de seguridad privada Murata S.A., quien se contagiara de coronavirus custodiando un edificio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la Villa 31.

Miguel fue asignado a ese destino sin elementos de protección personal (EPP) provistos por la empresa tras declararse la cuarentena ya que su lugar de trabajo habitual era la zona del shopping Recoleta que se vio afectada por el cierre de comercios. Tenía 64 años y presentaba comorbilidades producto de una cirugía coronaria de hace unos años.

Patronales de “seguridad”

Como ya denunciamos anteriormente en Prensa Obrera “el lobby de las empresas de seguridad, cuyos dueños son en muchos casos exagentes de fuerzas de seguridad con lazos vigentes con el Estado, ha jugado un papel importante en la inclusión de la actividad en el listado de tareas esenciales, a costa de la vida de muchos trabajadores”. Esta característica, que retrataba a Prosegur tras la muerte de Néstor Farías en Hurlingham, se cumple a rajatabla en Murata S.A., ya que uno de los dueños es Roberto Raglewski, exjefe del Departamento de Operaciones Federales de la Policía, pasado a retiro en 2004 luego de un escándalo de corrupción. Otro de los dueños es Ignacio Cocca, exdirector de Seguridad Privada durante la gestión como ministro de Guillermo Montenegro en CABA, hoy intendente de Mar del Plata (Cambiemos).

Murata S.A. figuró, además, como una de las tantas aportantes truchas a la campaña presidencial de Macri, su entrañable socio desde sus épocas de Jefe de Gobierno, para lo cual incluyó a varios empleados como financistas e incluso el mismo Raglewski donó como particular 500 mil pesos más a la campaña. Esta apuesta de Murata tendría sus frutos con los jugosos contratos y “licitaciones públicas” en las cuales resultó ganadora y que le permitió incrementar exponencialmente su facturación, haciéndose con millonarias sumas del presupuesto público.

Diversificación de la explotación, fondos públicos y persecución

Como toda empresa de seguridad, Murata S.A. diversifica la tercerización a múltiples “objetivos”, con eje central en los contratos con organismos públicos de la Ciudad de Buenos Aires: edificios públicos, museos, bancos, comercios y líneas de Trenes Argentinos (Roca, San Martín y Mitre).

También se ha adjudicado la licitación del “servicio de limpieza y mantenimiento integral de la red Metrobus y centros de transbordo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (en un millonario servicio que el Estado podría realizar con personal propio), para lo cual debió constituir una UTE con otras empresas.

Ya en el inicio de la cuarentena, un grupo de empleados que trabajan como brigadistas en el ferrocarril San Martín fueron sancionados por reclamar con una medida de fuerza la entrega de EPP para enfrentar el potencial contagio y se han viralizado también videos de reuniones de los trabajadores reclamando a directivos de la patronal medidas de protección, recibiendo como respuesta que tales medidas son “las que ven por la tele”.

Una muerte que se podía haber evitado

Como salido del documental de Raymundo Gleyzer (“me matan si no trabajo y si trabajo me matan”), el caso de Miguel describe el modus operandi criminal de Murata S.A.: presiona y expone a los trabajadores al contagio directo y posterior muerte bajo la presión de descuentos salariales y despidos. Esta patronal obliga a trabajar con EPP que no cumplen las normas elementales o directamente sin ellos a menos que el propio trabajador se costee el material que pueda conseguir, mientras factura millones de pesos como producto de los jugosos contratos con el gobierno de la Ciudad.

Pero este accionar “a sus anchas” por parte de la patronal no sería posible sin la complicidad de la burocracia inmóvil, que no organiza a los trabajadores ni garantiza condiciones laborales adecuadas pese a los casos que se multiplican tras el velo de la esencialidad “trucha”, ya que están inmersos en asegurar la paz social al gobierno de Fernández. La otra pata de la patronal es el Ministerio de Trabajo, al que jamás hemos visto actuar de oficio.

Si hilamos fino en este círculo vicioso de licitaciones, complicidad e inmovilidad de la burocracia y falta de control por parte del Ministerio de Trabajo (así funciona el capitalismo), observamos que a través de fondos públicos, el gobierno financia a los capitalistas con dinero de los propios trabajadores para exponerlos al virus y contagiarlos, conduciéndolos a la muerte como en los casos de Miguel (Murata) y Néstor (Prosegur).

Con este panorama se impone la necesidad de intervención de los trabajadores en cada lugar de trabajo para arrancar los EPP, la estabilidad laboral y un plus salarial por trabajar durante la cuarentena, como una medida en defensa de la propia vida de cada trabajador y la de su familia.

¡Justicia para Miguel Olmedo!