Las personas internadas en los hospitales neuropsiquiátricos de la Ciudad viven un abandono sin precedentes, agravado por la situación del Covid-19. El pasado viernes 22 de mayo, Jorge Marcheggiano, quien estaba internado en el servicio 15 del Hospital Borda, fue atacado por cinco perros mientras caminaba por el parque del hospital. Dada la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital Penna y a las pocas horas murió producto del desmembramiento y mutilaciones que sufrió su cuerpo a consecuencia del ataque.

Su muerte es una demostración extrema de la situación de desidia y negligencia que se vive en dicha institución asilar y cuya responsabilidad es del gobierno de la Caba y sus autoridades políticas, como así también de los funcionarios a cargo de la Dirección General de Salud Mental y la Dirección del hospital Borda.

Hace tres semanas el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) había presentado una acción de amparo colectiva donde se denunciaban las condiciones gravísimas que se viven en los cuatro manicomios porteños. Entre esos reclamos estaba mencionada específicamente la urgencia de erradicar las jaurías de perros callejeros que se pasean por los predios de esas instituciones. Pero el Gobierno de la Ciudad negó la existencia de las jaurías.

Desde hace mucho tiempo que los y las trabajadoras del neuropsiquiátrico venían denunciando la presencia de animales en el lugar. Ante este tipo de situación, son las autoridades las que deben advertir al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur para que intervenga en base a sus procedimientos. Seguramente se intentará aducir que por el contexto de la pandemia, se pusieron en pausa muchas de las medidas de cuidados y seguridad en los neuropsiquiátricos, pero aquí no hay excusas. En tanto que correspondía dotar de los elementos de bioseguridad a pacientes internados y trabajadores, también se debió -dado el tiempo transcurrido-, intervenir frente a semejante e inminente peligro para quienes transitan por el hospital. 

Esta más que lamentable situación, respecto de una muerte evitable, vuelve a poner en la superficie la persistencia de la estructura manicomial que rige en estás instituciones neuropsiquiátricas, que pese a la vigencia de leyes de salud mental tanto local como nacional, frente a su total incumplimiento, se continúan generando múltiples avasallamiento de derechos de las personas internadas. La atroz muerte de Jorge, se podía haber evitado. Desde el Jefe de gobierno porteño para abajo deben dar cuenta en la Justicia por sus responsabilidades en el hecho.

Corresponde sumar como agravante la constante política de ataque a la salud pública por parte del Estado, que afecta fundamentalmente a sus trabajadores y pacientes, y que por el ajuste -a partir de una baja progresiva de los presupuestos asignados año tras año- pone en evidencia la degradación y destrucción del sistema de atención de salud y salud mental pública, en el cual fundamentalmente se atienden los sectores de la población más vulnerables y necesitados.