En medio del confinamiento de 9 días establecido por el gobierno, comienzan a llegar los relatos de los familiares de enfermos por Covid-19 que fallecieron por no tener acceso a una cama, respirador y/o ambulancia. Es el caso de Ángel Ávila de 43 años, quien falleció en la puerta del Hospital Suaréz Rocha, en la provincia de San Luis luego de haber intentado conseguir una ambulancia sin éxito. Se había trasladado a pie hacia el centro de salud para que lo atiendan, acompañado de su esposa, ya que en las últimas horas había empeorado su cuadro.

Algo similar relata Luciana Ortiz Luna, médica en la provincia de Neuquén: en el Hospital Heller los pacientes deben compartir los respiradores (Infobae, 21/05). No solo eso, sino que también publicó en sus redes sociales imágenes donde se ven enfermos internados en camillas en los pasillos por el colapso de las salas Covid, que terminan exponiendo al conjunto del personal del hospital y a ellos mismos a infecciones intrahospitalarias que podrían empeorar su cuadro. Es lo que se vio en Santa Fe, donde Lara, una paciente de 22 años, falleció luego de haber sido rechazada en el viejo Hospital Iturraspe por “no contar con los medios para atenderla”, según las declaraciones de su madre. Lara fue finalmente atendida en otro centro de salud luego de esperar varios días por una cama (incluso tuvo que esperar tirada en el piso, al borde del desmayo), pero su atención fue extremadamente deficitaria y terminó muriendo. De la mano de esto, comienzan a implementarse los protocolos de última cama para decidir quién recibe atención médica y quien es trasladado a cuidados paliativos.

La falta de estos elementos son la evidencia más fehaciente del colapso sanitario en los hospitales, que ahora se trasladó principalmente a las provincias. Así es como en la última semana las muertes en el interior aumentaron un 35%, convirtiendo a Argentina en el país con más fallecimientos nuevos por millón de habitantes del mundo, según la prestigiosa revista The Lancet.

Lo que determina lo agudo de la situación es que el traslado del virus a las provincias no se acompañó de una disminución significativa de los casos y las muertes en el AMBA, previo epicentro de la pandemia en nuestro país. En PBA los fallecimientos bajaron 6,78% y en CABA solo 0,28%, por lo que todavía hay un estrés significativo en ambos sistemas sanitarios. Por ejemplo, en CABA, el Hospital Fernández -que hace varias semanas decidió pasar toda su atención al servicio de coronavirus- se encuentra en un 100% de ocupación de las 50 camas de terapia intensiva. Allí poseen dos salas exclusivas para Covid y una tercera que estaba destinada al servicio de Emergentología, la cual tuvo que ser adaptada para pacientes positivos. Las dos restantes son para pacientes recuperados o alguna emergencia. El Jefe de Enfermeros del Hospital declaró que si bien se triplicaron las camas, estas siguen siendo insuficientes, y que el personal se duplicó, por lo que no alcanza para cubrir las terapias.

Mientras tanto, el gobierno anunció el jueves pasado una serie de medidas que lejos están de ponerle un freno al colapso sanitario. Aunque estableció la vuelta del aislamiento social, este es solo por 9 días e involucra nada más 3 días hábiles, garantizándole a las empresas parar lo mínimo posible y el rápido retorno a las actividades económicas. No habrá reforzamiento del sistema de salud, ya que no anunció partidas presupuestarias extras, lo que significa que las provincias deberán hacerse cargo de sostener sus ya débiles sistemas sanitarios. Para los trabajadores de la salud solo tuvo noticias viejas, que incluye un bono de 6.500 anunciado 30 días atrás que se dará solo por 3 meses y que sigue estando muy lejos de significar una verdadera recomposición salarial.

Muchas de las muertes mencionadas se podrían evitar con una política de reforzamiento del sistema de salud, pero ni siquiera en el peor momento de la pandemia el gobierno se sale del ajuste. Incluso, el caso de Lara es ejemplo de la pobre campaña de vacunación, ya que era insulinodependiente y, por lo tanto, parte de los grupos de riesgo que deberían haber sido inmunizados antes de la llegada de la segunda ola. Para garantizar la vacunación de toda la clase obrera es necesaria la intervención del laboratorio de Sigman que produce vacunas de AstraZeneca, confiscar las dosis y poner a disposición de la población la producción; lo mismo debe suceder con el resto de los laboratorios del país, tanto públicos como privados, que tienen la capacidad de fabricar vacunas.

Hasta que se amplifique la producción y se logre la inmunización de la mayoría de la población, debe haber medidas restrictivas que se evalúen y modifiquen de acuerdo a la evolución de la situación epidemiológica y no a los intereses de las patronales, acompañadas de medidas de ayuda social para que la población parada pueda cumplir con el aislamiento. Para aquellas actividades que no se pueden parar, la garantía de los protocolos de bioseguridad bajo control obrero.

Para el sistema de salud, triplicación del presupuesto, contratación de más personal y salario mínimo igual a la canasta básica familiar de manera que se termine el pluriempleo. Centralización del sistema de salud y la compra y puesta en marcha de producción de elementos necesarios para ampliar su capacidad, como las camas UTI, los respiradores y las ambulancias.

Son medidas a tomar por un gobierno de trabajadores, que financie estas acciones en defensa de la salud de la población mediante la ruptura con el FMI y el cese al pago de la deuda externa.

 

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