En pleno ascenso de la pandemia en el país y con una cuarentena sin resolución definida, el ministro Ginés Gonzalez García, seguramente sobrepasado de actividad y antes de internarse por un hematoma cerebral, se hizo un tiempo para reunirse con los representantes de la medicina privada y de las obras sociales para abrir un “período de consultas para un rediseño de los mecanismos de financiamiento y gestión” de la salud. La novedad la publicó Ambito.com el jueves 28, bajo el título “Lanzan reforma del sistema de salud con poda en plan médico”.

Asistieron al teleencuentro José Luis Lingeri, histórico representante de la burocracia sindical para las obras sociales; por los privados el presidente de la Asociación Civil de Actividades Medicas Integradas; y funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud. Uno de los temas propuestos por el ministro fue “una mayor centralización de las decisiones” de todos los sistemas. Para “acompasar”  –aclararon, para disipar toda duda estatista del titular de Swiss Medical Claudio Belocopitt– a todos los sistemas ante desafíos como los que impone una pandemia.

Tras esta introducción, vino lo que realmente más interesaba a los presentes: “el crecimiento exponencial de los gastos en el rubro como consecuencia del avance de la tecnología y de las sentencias judiciales protectoras de los afiliados” (ídem). Y entrando más en tema, se consideró el reemplazo del actual Programa Médico Obligatorio (PMO) -el conjunto de prestaciones mínimas que deben prestar los agentes de salud a cambio del aporte a obras sociales o la cuota de la prepaga- por una suerte de “canasta prestacional” menos onerosa, que pueda funcionar como piso de los tratamientos y coberturas que deberán brindar prepagas y obras sociales.

Pasado en limpio, el encarecimiento del gasto en salud será financiado con una reducción de las prestaciones a los afiliados. Lo que conlleva siempre en una peor atención médica y a que lo que se necesite por encima de la “canasta prestacional” deba salir de sus bolsillos.

Es inmoral que el encarecimiento de la atención médica se atribuya –como hacen los funcionarios- a la tecnología y a las “sentencias judiciales” que reconocen a los afiliados su derecho a la salud. Y no, por ejemplo, a los suculentos beneficios que las empresas médicas obtienen por una función de intermediación parasitaria y a la sobrefacturación de la industria farmacéutica y la de aparatología médica. A estos efectos la mayoría de las obras sociales y las privadas se superponen, compartiendo afiliados, planes e instalaciones, o con prepagas propias como lo es Accord Salud (de la gremial UPCN). En lugar de enfrentar este entramado, González García “se había manifestado en contra de lo que entendía como 'excesos' en las prestaciones a las que se obliga a empresas y obras sociales y ponía como ejemplo los tratamientos de reafirmación de género para personas trans” (ídem)

Ginés también habría propuesto “retomar las gestiones para la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Médicas (Agnet), una iniciativa que la CGT introdujo en la negociación con el gobierno de Cambiemos ideada como barrera para las prestaciones y medicamentos caros impuestos por fallos judiciales, y que alientan tanto obras sociales como prepagas”. Esta Agnet y la reforma a la baja del PMO fueron dos pilares del proyecto macrista de la Cobertura Universal de Salud (CUS), que esencialmente consistía en que los presupuestos estatales de salud sean reemplazados por el pago individual de las prestaciones. Una política privatista que con distintas variantes –desregulación de obras sociales; hospital de autogestión; descentralización hospitalaria; registro único de prestadores– ha sido promovida por los gobiernos de todo signo político, desde la dictadura a esta parte.

La tan productiva reunión trató también la compensación que pide la burocracia por la caída de la recaudación, que vendría de la mano de un decreto prometido por Ginés, implementando para ello aportes del Tesoro. En la misma línea que los burócratas acordaron con Fernández (como ya sucediera con Macri) repartirse fondos de la Superintendencia de Servicios de Salud, que deberían estar reservados para Discapacidad, HIV y tratamientos costosos.

En pleno agravamiento de la pandemia y al borde de una catástrofe sanitaria, el gobierno de  “los que menos tienen”, en lugar de hacerse cargo de todos los recursos de salud para que funcionen bajo un plan y un comando único, retoma entre bambalinas la línea macrista de privatización –y menoscabo-  de la atención médica, en beneficio de  las poderosas empresas de seguro de salud. El Partido Obrero propugna un sistema único estatal y gratuito, que centralice e incaute los recursos de todos los subsistemas bajo control de los trabajadores.