“Lo que pasó ayer fue muy grave, ni en situación de guerra se invade un hospital”, declaró un traumatólogo de guardia (Clarín, 20/1). El profesional aludía a la violenta incursión de la barra brava de Nueva Chicago en el Hospital Santojanni en el marco de una disputa interna, la cual replanteó el problema de la inseguridad que padecen trabajadores y pacientes en los hospitales públicos de la Ciudad.

Para el presidente de la Asociación de Médicos del Santojanni, Marcelo Struminger, se trató de “el sumun de los hechos de violencia en hospitales públicos” (Clarín, ídem), multiplicados desde que el gobierno nacional eliminó los adicionales de 1.200 policías federales y retiró a la fuerza de la custodia de hospitales, centros de salud y otros edificios públicos porteños (114 en total) en abril de 2011.

Inseguridad

Mientras el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad se echan entre sí la pelota por la seguridad en los hospitales, los trabajadores ejercen sus tareas en condiciones de creciente inseguridad: escupitajos, amenazas, robos, golpes y hasta apuñalamientos. “A un médico de terapia intensiva del Santojanni le ‘reventaron la cabeza a fierrazos’ y una colega estuvo en coma después de que fuera atacada por la familia de un paciente” (La Nación, 20/1), agrega Struminger. También “hubo casos donde presuntos narcotraficantes intentaron recuperar la droga que habían ingerido ‘mulas’ que, por una descompostura, terminaron en el hospital” (ídem).

En abril de 2011, la salida de la Federal condujo a un paro en los 33 hospitales porteños debido a la alta inseguridad. El gobierno porteño potenció entonces el negocio de la seguridad privada (excepto en las comunas 4, 12 y 15, donde la custodia recae en la Policía Metropolitana), que en palabras de un médico del Argerich “es ficticia” (ídem).

Desfinanciamiento

Aun con la presencia de la Policía Federal, existían zonas liberadas para el robo de insumos, por lo que el simple regreso de policías a las puertas no constituye una salida. Como medida transitoria, las organizaciones de trabajadores, como ATE, deberían tener acceso a los libros y partes diarios de las comisarías.