Nuevamente, el contrato con AstraZeneca se ve envuelto en polémicas e irregularidades. Esta vez, se conoció que el acuerdo se firmó sin cláusula de penalidad, lo que significa que el laboratorio no está obligado a compensar al Estado por retrasos en las entregas.

El dato surgió de la investigación que está llevando adelante la Justicia para desandar las negociaciones entre el gobierno nacional y el laboratorio inglés por la compra de más de 22 millones de dosis. En un principio, el cronograma de entregas contemplaba que la totalidad de las vacunas llegarían en el primer trimestre del año; sin embargo, hasta el día de hoy llegaron menos de 8 millones, equivalentes al 36% de lo pactado. Vale la pena mencionar que el gobierno nacional pagó el 60% del contrato, es decir unos 53.817.410 dólares.

A su vez, la causa judicial mencionada, a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, fue producto de la presión de la derecha opositora, quienes no solo buscan demostrar que se privilegió a la farmacéutica sino también colocar como alternativa de abastecimiento al laboratorio estadounidense Pfizer, por quien han hecho un lobby impresionante. Así, los lobbys cruzados y la utilización política del tema por parte de los bloques patronales han servido como una herramienta más para los laboratorios, quienes salen de todo este proceso con ganancias acumuladas multimillonarias.

El contrato firmado con AstraZeneca deja la puerta abierta a los incumplimientos en los cronogramas, lo que se suma a la larga lista de concesiones y beneficios que el gobierno nacional le entregó a los laboratorios. Para Pfizer, el gobierno y la oposición acordaron la Ley de Vacunas, que luego se modificó ante las presiones del laboratorio con un reciente DNU hecho a medida de sus exigencias. En este, se creó un fondo de reparación Covid-19 a cargo del Estado argentino que se hará responsable de pagar montos de indemnización a quienes sufran efectos adversos a causa de las vacunas, lo que le permite a los laboratorios comercializar sin ningún tipo de riesgo de pérdida. Además, pocos días atrás se conoció que en los acuerdos se plantea una confidencialidad de entre 5 y 10 años.

El secretismo que defienden los Estados en sus contratos le permite a los laboratorios establecer precios y entregas diferenciales para cada país, una política defendida por tanto por oficialistas y opositores patronales responsable de que hayan fraguado las promesas de “lluvia” de vacunas. Es la demostración también de que para el gobierno priman los intereses capitalistas por sobre los de la gran mayoría de la población, que luego de dos brutales olas acumula más de 100 mil muertes mientras solo 5 millones de personas fueron inmunizadas con las dos dosis.

Todo indica que en la proximidad se seguirán firmando acuerdos de este tipo, como anticipa el reciente anuncio de adquisición de vacunas del laboratorio Moderna, también negociado en el marco de la confidencialidad. Además, el gobierno es incapaz de ofrecer una salida de conjunto para la pandemia y las posibles tercera, cuarta o quinta ola que puedan venir en tanto en el sistema de salud se prioriza el ajuste por sobre el reforzamiento del mismo.

En cambio, desde el Frente de Izquierda hemos planteado un programa para enfrentar la pandemia marcado por la defensa de las prioridades de los trabajadores. En primer lugar, terminar con el régimen de patentes que atenta contra la producción pública de un bien común como deberían ser las vacunas, así como la puesta en marcha de una gran inversión en ciencia y técnica para poder fabricar las dosis en los laboratorios de nuestro país y garantizar la provisión para el resto del continente, también azotado por el acaparamiento de vacunas por parte de los países imperialistas.

De la mano de esto planteamos la expropiación de los laboratorios para terminar con los monopolios y la socialización de los conocimientos de científicos e investigadores para desarrollar más y mejores vacunas que puedan enfrentar las distintas variantes y mutaciones; y la centralización del sistema sanitario, que incluya hospitales, centros de salud, clínicas, centros de investigación y plantas de los laboratorios, dentro de un sistema único, gratuito y puesto al servicio y bajo control de los trabajadores.