Con el mes de octubre empezó a regir la implementación de copagos de hasta $6.000 en la atención de consultas médicas de los profesionales de la salud dependientes de la medicina prepaga, con lo que se termina de descargar la crisis del sector sobre los bolsillos de pacientes y afiliados, mostrando una vez más los límites de la política oficial en la materia, y un sistema de salud privatizado que cruje por todos lados.

La medida es implementada por 30 asociaciones y entidades de profesionales de la salud y prestadores, que se suman a lo ya aplicado por otras 10 entidades desde septiembre, y que busca compensar el ajuste sobre el pago de las prestaciones que imponen las empresas privadas de la salud contra los trabajadores del sector.

Los capitalistas de la salud vienen negándose a actualizar, conforme corresponde según la inflación, los aranceles que se abona a los profesionales de la salud por la cobertura prestada por estos para los afiliados de la medicina prepaga. Esta negativa opera como una especie de boicot contra las regulaciones tibias del gobierno a los aumentos en las cuotas de las prepagas, con engorrosos trámites para los afiliados, en medio de la autorización de aumentos de todo tipo para dicho sector.

De esta manera, la decisión de las entidades médicas opera como un efecto cascada recayendo sobre los pacientes y afiliados, quienes deberán abonar de su bolsillo la diferencia entre el valor señalado para la consulta ($6.000) y lo pagado por las prepagas a los profesionales. Las entidades del sector también han señalado que el valor de referencia será actualizado de forma bimestral.

Quienes ya hacen un esfuerzo enorme por pagar las abultadas cuotas mensuales de la medicina privada ahora deberán pagar este copago adicional, denominado “honorario médico ético mínimo”, cuya característica es la de un “bono complementario no reintegrable”.

Si bien la medida de los prestadores “no cuenta con el aval” del gobierno, desde Nación han priorizado “dejar hacer”, para seguir priorizando a toda costa el sostén de un sistema colapsado, que empieza a dar muestras manifiestas de un agotamiento total y una incompatibilidad con el ajuste en marcha, algo que ya se expresa en la salida de miles de trabajadores de la medicina privada y su retorno a las obras sociales o directamente al sector público.

Esta nueva medida afecta en particular a quienes más requieren de la atención médica, castigando el mayor uso de la cobertura de salud, cosa que ya es “sancionada” económicamente por las prepagas con cuotas y aranceles que escalan según la edad y/o necesidades médicas del paciente/afiliado.

La medida de las entidades que representan a los profesionales de la salud no es ninguna solución. No afecta a las entidades privadas y al gobierno, que son los responsables de la situación actual, sino que traslada el problema hacia abajo, a los afiliados, que carecen de alternativas salvo la salida de la cobertura médica, lo que a veces no es ninguna opción.

Algunas empresas privadas han señalado que perseguirán a los profesionales y prestadores que incurran en estas prácticas, mientras otras afirman que reintegrarán lo abonado a los afiliados siempre que estos concurran con la factura y/o comprobante de la atención: algo que no suele darse en las consultas. Sin embargo, todas parecen afirmaciones inconducentes debido a que los pacientes estarían obligados a denunciar a sus médicos al costo de comprometer su propia atención. Por lo que han quedado de rehenes del sabotaje de las prepagas.

El origen de todo el problema es el negocio de la medicina prepaga, cuya naturaleza, políticas restrictivas, gastos y ganancias no es expuesto por el Estado, sino todo lo contrario, forzando a los profesionales a vender su trabajo a un menor precio y a los pacientes y afiliados a erogar cada vez más dinero por una atención que se va deteriorando.

El sistema de salud privado debe ser intervenido bajo el control de los trabajadores y afiliados, para poner de manifiesto su estructura y garantizar una cobertura universal accesible e integral, de la mano del pago a los profesionales y trabajadores de la salud, que muchas veces es absorbido por intermediarios y mediciones privadas parasitarias. Solo así podrá avanzarse en garantizar el acceso a la salud para la población trabajadora.

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