La Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) es la prestataria del servicio médico y de urgencias para todos los empleados públicos de la provincia de Córdoba, cuya afiliación es automática. Al no tratarse de una Obra Social, se encuentra eximida de las obligaciones de estas, lo que deja a todos los empleados públicos de la provincia en manos de un sistema de salud mercantilizado que en realidad está diseñado para complementar aquellas prestaciones que no son cubiertas por la obra social.

El renombrado caso de Liliana Giménez, docente que falleció tras esperar ser atendida personalmente (ya que el protocolo implementado la mantuvo en diagnóstico telefónico por 8 días, por no calificar como caso de Covid-19) dejó al descubierto las terribles falencias de un sistema que no focaliza acciones en sus pacientes y en el cuidado de su salud, muy por el contrario, puntualiza en la recaudación mediante los descuentos exorbitantes a sus aportantes, que implican desde el 4,5% a los activos y el 5% de los deteriorados sueldos de jubilados y pensionados provinciales. Estos números se incrementan con la percepción de un Fondo para Enfermedades Catastróficas, instaurado desde el año 2005. Cabe destacar que la entidad establece un directorio designado en su totalidad por el poder ejecutivo provincial, por lo tanto, es el gobierno quien dispone del destino de esos fondos, mediante esta intervención de facto, bloqueando el derecho de los aportantes a manejar los ingresos que ellos mismos aportan mensualmente de sus salarios.

La pata de la burocracia sindical 

Las burocracias sindicales del SEP (Sindicato de Empleados Públicos) y la Uepc (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba) abrevan con su complicidad la entrega del sistema de salud, ya que disponen de sendos “veedores” en el Apross que dejan pasar absolutamente todos los reclamos que se efectúan por falta de cobertura y dilaciones en los reintegros. Los reclamos han llevado a un aportante a iniciar una acción de protesta en las puertas de la Apross durante casi tres semanas, hace un par de años, reclamo que fue acompañado por todo el activismo y la banca del FIT, hasta obtener una respuesta favorable para el solicitante. Esta protesta le acarreó al damnificado una seguidilla de litigios que han sido desestimados por la justicia.

Covid-19, la excusa perfecta

Ante este nuevo cuadro de pandemia y de excepcionalidad, la Apross puso en sus declaraciones públicas la implementación de un protocolo ante el coronavirus. A la luz de los hechos, estamos frente a la cristalización del vaciamiento descarado de la aseguradora que ha cerrado literalmente sus puertas dejando al descubierto a sus afiliados que se siguen enfermando, siguen embarazadas, siguen cursando dolencias previas y carecen ya de las vías habituales para su atención. En el interior de la provincia la situación es muchísimo más grave. 

¿Es que acaso Apross no puede garantizar un servicio a domicilio acorde a las necesidades de las y los trabajadores que lo demanden? Se hace difícil de creer en función de la magnitud de los aportes literalmente confiscados a todos los estatales provinciales.

Frente a esta situación es imprescindible conformar una comisión investigadora independiente para que realice una auditoría y sea el pueblo en general y los afiliados en particular los que conozcamos el estado económico y financiero de la Administradora. Desde la banca del Frente de Izquierda, a través de la legisladora Soledad Díaz, acabamos de realizar un minucioso pedido de informe para que se investigue la grave situación ocurrida con la docente Liliana Giménez y el accionar del Apross en relación a cientos de reclamos de sus aportantes. Estas demandas ya se habían establecido anteriormente por nuestra banca, sin respuesta por parte del gobierno. La salud es un derecho humano y universal que no debe estar sujeto a las variables económicas y a las reglas del mercado.

Por la implementación de una obra social de los trabajadores

-Basta del sistema de Aseguradora de Seguros de Salud. Por una obra social bajo control de las y los trabajadores, electos de manera democrática.

-Por la creación de una comisión que fiscalice los libros del Apross.

-Por una inmediata respuesta a todas y todos los afiliados, para garantizar la atención sanitaria frente al Covid-19 y el resto de las patologías. Que no se discontinúen tratamientos y exámenes necesarios para quienes los requieran.